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Ana Garralda @garraldaana 

Palestina medio siglo de ocupación

NAB04a NAPLUSA (CISJORDANIA) 20/03/06 : Un ni?o palestinos mira a un soldado israel? apostado en su casa durante una operaci?n militar en el pueblo de Beta junto a la ciudad cisjordana de Naplusa, hoy lunes 20 de marzo. Soldados israel?es registraron el pueblo a primera hora de hoy buscando militantes. EFE/Alaa Badarneh
© ALAA BADARNEH

En junio se cumplieron 50 años de la Guerra de los Seis Días. Una campaña militar que dibujó un nuevo mapa en Oriente Próximo, dió comienzo a medio siglo de ocupación que aún continúa y convirtió a los palestinos en los parias de una región siempre convulsa. Un pueblo que desde entonces anhela tener un Estado propio.

Todo cambió tras seis días de guerra. Fue en junio de 1967. Israel atacó preventivamente a Egipto y Siria ocupando parte de sus territorios. En el caso egipcio, la Península del Sinaí (que luego devolvería tras los Acuerdos de Camp David en 1978); en el sirio, los Altos del Golán, tierra que no devolvería nunca.

Un hambre de conquista que llevaría al Estado hebreo a ocupar también los territorios palestinos de Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza, cuyas fronteras habían sido demarcadas en el armisticio de 10 de marzo de 1949 que puso fin a la primera guerra árabe-israelí (también conocida como Guerra de la Independencia de Israel).

Si la pérdida de esa primera contienda contra Israel -en la que participaron palestinos, jordanos, sirios, egipcios e iraquíes- y la subsiguiente crisis de los refugiados palestinos que la seguiría se conocería como la Nakba (catástrofe nacional) palestina, la del 1967 sería recordada como la Naksa. Una segunda catástrofe de una magnitud similar a la primera, pues los palestinos perdieron definitivamente el control sobre el 22% de la Palestina histórica que aún les quedaba tras la guerra de 1948, cuando Gaza quedó entonces bajo administración egipcia y Jeru-salén Este y Cisjordania bajo control jordano.

En su lucha por combatir al nuevo intruso, las facciones palestinas intentaron organizarse infructuosamente desde Jordania y Líbano, de donde serían finalmente expulsadas tras episodios como el Septiembre Negro o la matanza de Sabra y Chatila. A partir de entonces, Túnez se convertiría en la nueva base de operaciones del movimiento nacional palestino. Desde allí su líder histórico Yasir Arafat teledirigió la resistencia contra la ocupación, convirtiéndose durante años en el enemigo público número uno para Israel, que hizo todo lo posible por descabalgarle políticamente, incluyendo planes para asesinarle que finalmente no llevó a cabo por la oposición de Estados Unidos.

Años de ocupación militar a los que siguió un proceso colonizador sin precedentes que se traduciría en la construcción de asentamientos israelíes, muchos de ellos ubicados en puntos estratégicos y con acceso a recursos naturales como el agua, básicos para la supervivencia en esta desértica y árida región. Una apropiación ilegal de acuerdo al Derecho Internacional que fue alimentando progresivamente la ira y la frustración del pueblo palestino. Éstas alcanzarían su clímax a finales de 1987 con el estallido de la Primera Intifada. Una revuelta popular que combinó enfrentamientos a pedradas contra el Ejército israelí con la celebración de huelgas y movilizaciones, entre otras fórmulas de resistencia no violenta. En este contexto, el Consejo Nacional Palestino (Parlamento ampliado que además de representar a los palestinos del interior también representa a los del exilio) aprobó el 15 de noviembre de 1988 la Declaración de Argel, en la que aceptó la pérdida del 78% de la Palestina histórica mientras reivindicaba el 22% restante.

El proceso de Oslo. El ocaso de la Guerra Fría tras la caída del Muro de Berlín y la desmembración de la Unión Soviética en 1989 y, sobre todo, la primera Guerra del Golfo en 1991 –en la que Arafat se puso del lado equivocado– coadyuvaron al final de la revuelta palestina y a su participación en la Conferencia de Paz de Madrid en octubre de 1991. Allí los palestinos, parte directamente implicada, no pudieron tener representación propia, aunque sus delegados sí se integraron en el grueso de la representación jordana. El rais, como se conocía popularmente a Arafat, tampoco estaría presente por el veto impuesto por Israel, pero daría instrucciones a sus representantes desde el exilio tunecino.

En Madrid se plantó la semilla de una nueva dinámica bilateral, que germinaría con el establecimiento de negociaciones clandestinas entre intermediarios del Gobierno israelí y representantes de la OLP y florecería con la Declaración de Principios del 13 de septiembre de 1993 y la firma de los Acuerdos de Oslo. En sus páginas quedaría recogida la creación de una Autoridad Nacional Palestina (ANP) que funcionaría a modo de administración interina hasta que se crease un Estado independiente, el cual se proclamaría transcurridos cinco años, una vez resueltas las cuestiones de demarcación de fronteras, régimen de seguridad, retorno de los refugiados, desmantelamiento de parte de las colonias y capitalidad de Jerusalén.

Una vez más, surgirían nuevos obstáculos. El diletantismo mostrado por el Gobierno del entonces primer ministro israelí Ehud Barak a la hora de implementar los acuerdos y sus protocolos adicionales (Wye Plantation y Sharm el-Sheij) condujeron a una nueva fase de frustración social. Estallaría una nueva Intifada: la Segunda, mucho más sangrienta que la anterior. La espiral de violencia alcanzó niveles insospechados, con la comisión de atentados suicidas con decenas de muertos por el lado palestino y ataques aéreos con cazabombarderos por parte de los israelíes contra objetivos en áreas civiles densamente pobladas.

El proceso de paz diseñado en Oslo se derrumbó como un castillo de naipes. También la confianza entre las partes. Arafat fue condenado al ostracismo político y confinado en la Muqata de Ramala, en donde enfermó en octubre de 2004 para fallecer en noviembre en un hospital de París. Su eterno lugarteniente en la OLP, Mahmud Abbas, resultó elegido presidente en enero de 2005, abriendo una nueva fase histórica –la post-Intifada– en la que todavía nos encontramos inmersos. Se trata de una etapa caracterizada por el estancamiento de las relaciones palestino-israelíes, y  el enquistamiento en las posiciones de cada una de las partes, a las que con el tiempo se uniría una tercera : el movimiento islamista Hamás, que contra todo pronóstico se impuso en las elecciones legislativas de enero de 2006.

La dirección islamista, temerosa de que Abbas pusiera en marcha una noche de los cuchillos largos en Gaza en junio de 2007, precipitó una efímera pero sangrienta guerra civil, que le permitió hacerse con el control total de la Franja. Desde entonces, impera una división física, política y administrativa entre Cisjordania y la Franja de Gaza que –a pesar de las diferentes iniciativas de reconciliación nacional en 2011 (Declaración de El Cairo), 2012 (Acuerdo de Doha) y 2014 (formación de un Gobierno de unidad nacional)– parece ya inamovible, al menos en el corto plazo. Entretanto, la Franja de Gaza ha sido sometida a un férreo bloqueo comercial y sufrido tres cruentas guerras en espacio de seis años (2008-2009, 2012 y 2014) que la han llevado a una alarmante situación de crisis humanitaria que puede convertirse en permanente.

El drama de los refugiados. 69 años después de la creación del Estado de Israel y 50 desde el comienzo de la ocupación, son más los palestinos que viven como refugiados –sea en el exilio o en campos dentro de los propios territorios ocupados– que los que se han convertido en ciudadanos. Yacob Odeh, voluntario de la Sociedad para la Protección de Lifta (pueblo palestino situado a las afueras de Jerusalén Oeste que de forma excepcional no fue destruido durante la Guerra de la Independencia pero del que evacuaron a sus habitantes) reclama el retorno de los refugiados como un imperativo moral que Israel debería facilitar en aras de cumplir con la legalidad internacional. “Nuestros mayores nos entregaron la bandera palestina y nos transmitieron el mensaje de que ésta es nuestra tierra. Nuestro deber es transmitírselo a las próximas generaciones, para que ninguno de nosotros lo olvide”, comenta. Odeh se muestra optimista y prefiere no quedarse anclado en el pasado. Anhela una coexistencia entre los dos pueblos y un ecumenismo entre las tres religiones monoteístas que conduzcan a otra forma de vida en la que la ocupación se desvanezca e impere la democracia. “Pienso en un Estado democrático donde musulmanes, judíos y cristianos puedan vivir juntos, donde no haya ocupación y todos seamos libres”, asegura, decantándose por el modelo de un Estado binacional.

Dejando a un lado la nostalgia y la utopía, Odeh enfatiza la inminencia de un problema mucho más real y cercano. Muestra dos grandes orificios en la montaña que linda con su pueblo natal. Son los embriones de los dos túneles por los que transcurrirá la nueva línea férrea de alta velocidad que en breve conectará Tel Aviv y Jerusalén y que cortará Lifta por la mitad, destruyendo la armonía del valle que acoge este pequeño pueblo derruido. “En su construcción de infraestructuras y planificación urbanística los israelíes solo atienden a sus propios intereses, sin pensar nunca en el daño irreparable que pueden causar a nuestras necesidades de desarrollo o nuestro patrimonio arqueológico, arquitectónico o natural”, denuncia Odeh.

“El retorno de los refugiados es un derecho inalienable de los palestinos, que no debe ser eclipsado por otras crisis de refugiados como las de Siria o Iraq”, espeta el padre Suheil Khoury, perteneciente a la diócesis melquita de Nazaret. “Y tampoco debemos olvidar el derecho de los que somos desplazados internos”, añade este sacerdote en relación a los habitantes de pueblos fantasma como Iqrit y Biram, situados en Galilea, cerca de la frontera con Líbano. Ambos fueron evacuados por la Haganá (embrión del ejército israelí) durante la Guerra de la Independencia. Aunque aseguraron a sus pobladores que volverían en cuestión de semanas, esta promesa nunca se cumplió. La Haganá arrasó luego todas las viviendas, respetando únicamente la iglesia y el cementerio, que con el paso del tiempo se han convertido en lugar de encuentro de las familias descendientes de los 500 habitantes que tenía Iqrit en el momento de la expulsión, y que hoy, viven dispersas en ciudades como Haifa y pueblos como Tarsija.

La parroquia se ha convertido en un lugar de reivindicación para parte de la tercera generación de Iqrit, que reclama su derecho a recuperar los terrenos y construir una nueva villa, como quedó recogido en el dictamen de la Corte Suprema de Israel de julio de 1951 que estableció que la evacuación “constituía un acto ilegal” y sus habitantes “tenían el derecho a retornar¨. La Corte Suprema  revisó el caso entre los años 2001 y 2003, dándoles de nuevo la razón, pero el Gobierno israelí sigue sin hacer efectivo el retorno. Aún así, los descendientes de Iqrit no pierden la esperanza de convertirse algún día en los primeros en conseguirlo, sentando un precedente legal que pudiera abrir el camino para que otros muchos desplazados internos puedan recuperar las tierras y propiedades que dejaron atrás como consecuencia de la Nakba y la Naksa.

Un pueblo sin libertad. La principal consecuencia de este medio siglo de ocupación para el ciudadano palestino  que reside en los territorios es la constante privación de libertades, sobre todo de la de movimientos. En los Acuerdos de Oslo, Israel se reservó el control del valle del Jordán y del paso fronterizo de Allenby, que conecta Cisjordania con Jordania. Una falta de libertad que se agravaría años después con la construcción en 2003 de una barrera de separación -que combina el formato de muro de hormigón de ocho metros de alto en las áreas metropolitanas con el de verja inteligente en las zonas rurales- a lo largo de  más de 700 kms. Los israelíes lo llaman “verja de seguridad” y los palestinos “muro del apartheid”.

Muchas ciudades autónomas cisjordanas como Qalquilia y Tulkarem -además de multitud de pueblos y aldeas-  han quedado muy afectadas por la construcción de dicho muro, pero quizás el caso más paradigmático sea la ciudad de Belén. Según su alcaldesa, Vera Babún, la construcción del muro que rodea su entrada principal y el adyacente campo de refugiados de Aida, y de la verja que la separa de las colonias de Har Homá, Gilo y Har Gilo (barrios de la frontera sur de Jerusalén) han reducido el término municipal de 33 a 7,2 km².

“Antes la gente de Belén iba diariamente a Jerusalén y Ramala para trabajar o comerciar, pero desde que nos encerraron con este muro nuestra situación económica no ha hecho más que empeorar. Somos el área autónoma de Cisjordania con la tasa más alta de desempleo”, asegura Babún. Si el Gobierno israelí acomete la construcción de Givat Hamatosh, una nueva colonia entre Belén y Jerusalén, “daría una vuelta de tuerca más al cierre de nuestra ciudad y empeoraría más todavía nuestra situación”. Ello conduciría irremediablemente a un mayor éxodo de la juventud, ya de por sí preocupante.

La falta de libre circulación de personas, trabajadores y mercancías hace que la situación de Belén, al igual que la de Qalquilia y Tulkarem, sea crítica desde el punto de vista económico y financiero. La alcaldesa es consciente de ello, por lo que la creación de empleo ha sido uno de los principales puntos de su programa electoral. “Queremos dotar a la ciudad de las infraestructuras y de los servicios necesarios para atraer más visitantes y que éstos se queden aquí no sólo unas horas, como hacen ahora inducidos por las agencias de viajes, sino varios días”, agrega, en relación al turismo, el único sector que le da un poco de vida al distrito.

Dado que los jornaleros no pueden salir a trabajar fuera ni los comerciantes pueden desplazarse a Jerusalén, el concepto de la alcaldesa es generar empleo dentro de la propia Belén, donde se está construyendo un polígono industrial financiado en gran parte por Francia. Desde el punto de vista demográfico, Palestina es una nación joven y su principal reto consiste en crear oportunidades para que las nuevas generaciones opten por quedarse y generar riqueza en todos los ámbitos, en vez de decantarse por emigrar (según las estadísticas, hay países de América Latina como Chile donde la minoría de origen palestino se acerca ya al medio millón de habitantes).

El enquistamiento de la ocupación en Cisjordania a través de la perpetuación de la división territorial de Oslo –que distinguió entre las Áreas A (metropolitanas, controladas integralmente por la ANP), B (periféricas, donde el control administrativo recae en la ANP y el de seguridad en el Ejército israelí) y C (rurales, bajo control de Israel y que suman el 60% de Cisjordania)– ha permitido al Estado hebreo seguir adelante con su política de hechos consumados. Es decir, construir nuevas colonias, ampliar las ya existentes, confiscar terrenos, erigir nuevas infraestructuras que comuniquen sus colonias entre sí y, a su vez, con el territorio hoy reconocido como Israel y, sobre todo, controlar la vida de los ciudadanos palestinos de forma pavloviana a partir de un sistema de premios y castigos en la expedición de permisos para entrar tanto en territorio israelí como viajar al extranjero.

Ciudadanos de segunda en Jerusalén. La situación de los palestinos de Jerusalén Oriental es sin duda mejor que la de sus paisanos de Cisjordania –pueden entrar y trabajar libremente en Israel y disfrutan de sus servicios públicos de educación, sanidad y pensiones– pero también está sometida a importantes restricciones de libertad. En este caso de libertad de expresión (está prohibida la exhibición de banderas nacionales palestinas), de asamblea (el número de autorizaciones para celebrar manifestaciones es mínimo) y de asociación (en el momento en que una ONG o club deportivo de Jerusalén Este sean sospechosos de mantener vínculos con algún partidos político palestino, son clausurados por la policía, siendo el caso más emblemático el de la Orient House, la oficina oficiosa para las relaciones exteriores de la OLP en Jerusalén durante el proceso de Oslo).

También sufren restricciones a su desarrollo humano. Cuando una familia palestina de Jerusalén Este quiere construir o ampliar su casa pueden pasar años hasta que obtengan los permisos, lo que hace que muchos se decidan a construir ilegalmente e intenten luego legalizarlo retroactivamente, sin éxito en la mayoría de las ocasiones lo que incrementa el número de demoliciones de inmuebles palestinos.

Y a pesar de que padecen menores restricciones de movimiento que sus paisanos de Cisjordania -la mayoría de los jerosolimitanos portan pasaportes jordanos lo que les permite viajar al extranjero de acuerdo al pacto entre Israel y el Reino Hachemita tras la Guerra de los Seis Días-, son las autoridades israelíes las que determinan si pueden viajar al extranjero o no. Y de hacerlo será Israel quien decida si pueden emprender su viaje desde el paso fronterizo de Allenby –lo que siempre multiplica el tiempo de desplazamiento y los costes financieros– o desde el aeropuerto internacional de Ben Gurion. Un privilegio este último reservado a unos pocos, lo que hace que cada vez más decidan solicitar la ciudadanía israelí, haciendo el juego al poder ocupante, que al final lo que pretende es fagocitar a los palestinos de Jerusalén Este y de las Áreas C a cambio de la correspondiente anexión de su antiguo territorio. El resto, los de las Áreas A y B, así como los de la Franja de Gaza, serían los que recibirían unos mínimos atributos de independencia. Principios que quedan recogidos en la  Iniciativa de Estabilidad del ministro de Cultura israelí y líder del partido HaBayit HaYehudi (Hogar Judío), Naftali Bennett, quien quiere anexionarse el máximo de territorio y recursos naturales con el mínimo número de palestinos.

Crisis humanitaria en Gaza. La Franja de Gaza dejó de estar ocupada, una vez que Israel desmanteló todas las colonias, carreteras y bases militares que allí tenía. Sin embargo, su situación es incluso más kafkiana. Israel controla todo el espacio aéreo (desde que destruyó el aeropuerto a finales del 2000 no ha vuelto a aterrizar o despegar ningún avión) y marítimo (la armada israelí no permite a las barcas de pesca palestinas faenar más allá de seis millas marítimas, ni salir o entrar a ninguna embarcación). Asimismo, ha trazado una verja perimetral infranqueable en su frontera, que unida a la levantada por Egipto, convierten a este enclave costero en la prisión al aire libre más grande del mundo. El número de permisos para salir y entrar por los pasos fronterizos de Erez (con Israel) y Rafah (con Egipto) es irrisorio. En 370 kms² viven casi dos millones de personas, lo que convierte a Gaza en el territorio más poblado del planeta. El bloqueo físico y comercial al que se encuentra sometida desde 2007, año en que Hamás se hizo con el poder por la fuerza, así como las tres guerras sufridas en esta última década, la han llevado a una crisis económica y social permanente. Según el último informe publicado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA, en inglés) en mayo, Gaza hace agua por los cuatro costados.

Los gazatíes se enfrentan a una coyuntura sin precedentes, motivada sobre todo por la crisis eléctrica. El ciudadano medio ha visto cómo se reducía el suministro eléctrico de la red general, desde las 6-8 horas que recibían hace unas semanas hasta apenas 4 horas al día y siempre de forma entrecortada. De acuerdo a un reciente comunicado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) esta falta de electricidad está afectando gravemente a la provisión de servicios esenciales. Entre otros, está repercutiendo muy negativamente sobre la gestión del agua, tanto de la potable como de las aguas residuales. El déficit energético hace que las depuradoras no puedan funcionar. Por la misma razón, las 48 pequeñas plantas desalinizadoras disponibles en la Franja han reducido su producción de agua potable hasta el 15% de su capacidad y la media de agua proporcionada por ciudadano ha bajado de los 90 a los 45 litros diarios. Pero, según el CICR, el servicio que más está sufriendo es la sanidad pública. El déficit eléctrico ha llevado a la reducción progresiva de la capacidad de los hospitales y clínicas. Se han cancelando los servicios hospitalarios no imprescindibles, pospuesto las operaciones quirúrgicas no esenciales, y se está devolviendo a sus casas a los pacientes inmediatamente después de ser intervenidos. Según la OCHA, se ha interrumpido el funcionamiento de 40 quirófanos, 11 salas de operaciones para obstetricia y ginecología, 5 centros para hemodiálisis, y se ha reducido al mínimo la atención en los servicios de emergencia que antes atendían a 4.000 pacientes diarios.

El problema energético es ya de tal magnitud que todo el sistema de Naciones Unidas en Gaza ha puesto en marcha un plan de choque para lograr que mientras la central eléctrica de Nuseirat continúe sin funcionar se introduzcan 1,4 millones de litros de combustible al mes que permitan mantener mínimamente el funcionamiento de la sandidad, las instalaciones de agua y saneamiento y la gestión de los residuos sólidos.
El Coordinador Especial de la ONU para el proceso de paz y responsable político de su brazo humanitario, Nicolai Mladenov, ha decidido involucrarse personalmente para paliar la crisis. Consciente de que si la comunidad internacional no interviene a tiempo se crearán las condiciones perfectas para una cuarta guerra de Gaza este próximo verano, acaba de realizar un encendido discurso ante la última reunión periódica del comité de donantes celebrada en Bruselas.

Gaza padece desde hace una década una situación insostenible, subproducto de la mala resolución de aquella ocupación que empezó en 1967 cuyas consecuencias siguen pagando millones de personas. •

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