Una de cada tres mujeres ha sido golpeada, ha sufrido abusos o ha sido forzada a mantener relaciones sexuales a lo largo de su vida, según Amnistía Internacional. En la mayoría de los casos, el agresor suele ser un familiar o un conocido. Se trata de la violación de los derechos humanos más extendida e impune en todo el mundo. Los datos provienen de un informe de la ONU del año 2000 y, en este tiempo, la situación no ha mejorado.

"Hay países en los que la discriminación contra las mujeres está escrita en leyes, y otros en los que simplemente se practica de facto", recuerda Eva Suárez-Llanos, responsable de las campañas e investigaciones de AI en España. "En los países en los que su legalidad está basada en las sharía islámica, las mujeres son más vulnerables", añadió Suárez-Llanos. La organización recordó que también los colectivos homosexuales son especialmente vulnerables en estos países.

El director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, consideró en la presentación del informe un paso "positivo" pero "insuficiente" la aprobación de leyes sobre violencia de género e igualdad en España, ya que 86 personas perdieron la vida en 2006 a manos de sus parejas.

El activista se refirió "especialmente" a la situación de las mujeres indocumentadas, ya que, al denunciar haber sido víctimas de violencia de género, los agentes se ven obligados a pedirles los papeles e incoar el correspondiente procedimiento de expulsión.

Según el informe, los Gobiernos poderosos y los grupos armados están fomentando deliberadamente el miedo para erosionar los derechos humanos y crear un mundo cada vez más polarizado y peligroso. AI acusa a Estados Unidos de utilizar al mundo como "un campo de batalla gigante en el que desarrolla su guerra contra el terror".

La organización criticó la situación legal de los más de 400 detenidos en la base estadounidense de Guantánamo y la complicidad de algunos países miembros de la Unión Europea en los vuelos de la CIA que trasladaron a supuestos terroristas islámicos a cárceles secretas fuera de Estados Unidos.

Beltrán puso como ejemplo discriminatorio el caso japonés del "supuesto terrorista". Se trata de una medida preventiva aplicada en Japón para impedir la entrada al país asiático a los ciudadanos cuyo aspecto coincida con el perfil de un "terrorista potencial".