Las ley de control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2007, obliga al Gobierno a denegar transferencias que vulneren los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea. También le conmina a tener en cuenta los informes de organismos internacionales sobre derechos humanos, estabilidad o riesgo de conflictos del país de destino, antes de decidir sobre una exportación.

Las estadísticas de las exportaciones de armamento, que el Gobierno ha remitido recientemente al Congreso de los Diputados, confirman la tendencia al alza en las ventas de este tipo de material. En 2007 se alcanzaron los 932 millones de euros, un 10,4% más que el año anterior.

Aunque estas estadísticas contienen operaciones anteriores a la citada ley, las ONG afirman demuestran que España sigue vendiendo armas a países donde hay un riesgo real de que contribuirán a la violación de los derechos humanos, a perpetuar los conflictos armados y al deterioro de su desarrollo sostenible.

Mayor control y transparencia
Además, señalan que estas transferencias ponen de manifiesto que el Ejecutivo español sigue sin cumplir de forma estricta el Código de Conducta de la Unión Europea, lo que exige sin más demora el control efectivo del comercio de armas.

Para las ONG, la nueva ley ha de suponer mayor control para poner fin al enorme coste humano que tienen las transferencias irresponsables de armas.

Por ello, piden al Gobierno que comparezca ante la Comisión de Defensa del Congreso para dar a conocer los criterios utilizados para la exportación de armas en 2007. También le instan a adoptar una postura más activa a favor de la elaboración de un Tratado Internacional por el Comercio de Armas y la rápida ratificación de la Convención de Dublín que prohíbe las bombas de racimo.