El Mundo. 04-08-2008
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Las autoridades de México no se toman en serio la seguridad de las mujeres
Nueva denuncia de Amnistía Internacional
Una cruz en el suelo pide el fin de los asesinatos de mujeres en México.
Miles de mujeres mexicanas que sobreviven a la violencia en sus hogares corren peligro de sufrir nuevos abusos a manos de un sistema de justicia que, a menudo, no se toma en serio su seguridad. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público este 1 de agosto.
El informe de Amnistía Internacional explora los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres mexicanas cuando tratan de denunciar casos de violencia doméstica, obstáculos que incluyen la negativa de los funcionarios a aceptar las denuncias, lo deficiente de las investigaciones y el escaso cumplimiento de las medidas de protección. El informe se publica 18 meses después de que México aprobara una ley para combatir la violencia contra las mujeres.
"Hace más de un año, México dio el paso adelante de aprobar una nueva ley para proteger a las mujeres frente a la violencia, pero una ley no impide que las mujeres sufran palizas, violación y abusos a menos que se aplique rigurosamente tanto en el ámbito federal como en el estatal", ha manifestado Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar en México –como en muchas otras partes del mundo– es endémica. Según un estudio nacional realizado en 2006, una de cada cuatro mujeres ha sufrido abusos a manos de su pareja, y el 82% de las mujeres opta por no denunciarlo.
Las mujeres que encuentran el valor para denunciar los abusos suelen ser tratadas con indiferencia, y tienen que demostrar que son víctimas de violencia. En muchos casos, los funcionarios llegan a pedirles que entreguen ellas mismas las citaciones a su agresor.
El 31 de agosto de 2005, el ex esposo de Marcela irrumpió en la casa de ella, en el estado de Sonora, y la apuñaló. La dejó paralítica durante cuatro meses. A lo largo de los años, Marcela había presentado ante el Ministerio Público más de 10 denuncias por los abusos que sufría, pero todas las veces le aconsejaban que resolviera el problema directamente con su pareja. En una ocasión le dijeron: "Cuando vengas con un moratón, levantaremos la denuncia". Tras el apuñalamiento, el ex esposo de Marcela fue procesado por intento de asesinato y condenado a 10 años de prisión, pero ha apelado contra la duración de la condena. Marcela teme que, cuando quede en libertad, la encuentre y la mate.
Mecanismo de protección efectivos
"Lo que las mujeres de México necesitan es que sus denuncias se tomen en serio, y poder acceder a la justicia y a mecanismos de protección efectivos, como los de los refugios", ha manifestado Kerrie Howard.
En febrero de 2007 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Desde entonces, muchos estados han aprobado una legislación similar, pero todavía no han tomado medidas concretas para garantizar que la ley cuenta con financiación y medidas de cumplimiento adecuadas.
Amnistía Internacional pide a las autoridades federales y estatales de México que se comprometan públicamente a dar prioridad a la aplicación de la legislación de 2007 para proteger a las mujeres frente a la violencia, e inviertan los fondos necesarios para ponerla en práctica.
Además, la organización también exige que se investiguen y hagan públicas las conclusiones de por qué siguen siendo tan bajos los índices de denuncia, enjuiciamiento y condena de la violencia contra las mujeres, y tomen medidas concretas para abordar los obstáculos identificados por esas investigaciones.
"Hace más de un año, México dio el paso adelante de aprobar una nueva ley para proteger a las mujeres frente a la violencia, pero una ley no impide que las mujeres sufran palizas, violación y abusos a menos que se aplique rigurosamente tanto en el ámbito federal como en el estatal", ha manifestado Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar en México –como en muchas otras partes del mundo– es endémica. Según un estudio nacional realizado en 2006, una de cada cuatro mujeres ha sufrido abusos a manos de su pareja, y el 82% de las mujeres opta por no denunciarlo.
Las mujeres que encuentran el valor para denunciar los abusos suelen ser tratadas con indiferencia, y tienen que demostrar que son víctimas de violencia. En muchos casos, los funcionarios llegan a pedirles que entreguen ellas mismas las citaciones a su agresor.
El 31 de agosto de 2005, el ex esposo de Marcela irrumpió en la casa de ella, en el estado de Sonora, y la apuñaló. La dejó paralítica durante cuatro meses. A lo largo de los años, Marcela había presentado ante el Ministerio Público más de 10 denuncias por los abusos que sufría, pero todas las veces le aconsejaban que resolviera el problema directamente con su pareja. En una ocasión le dijeron: "Cuando vengas con un moratón, levantaremos la denuncia". Tras el apuñalamiento, el ex esposo de Marcela fue procesado por intento de asesinato y condenado a 10 años de prisión, pero ha apelado contra la duración de la condena. Marcela teme que, cuando quede en libertad, la encuentre y la mate.
Mecanismo de protección efectivos
"Lo que las mujeres de México necesitan es que sus denuncias se tomen en serio, y poder acceder a la justicia y a mecanismos de protección efectivos, como los de los refugios", ha manifestado Kerrie Howard.
En febrero de 2007 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Desde entonces, muchos estados han aprobado una legislación similar, pero todavía no han tomado medidas concretas para garantizar que la ley cuenta con financiación y medidas de cumplimiento adecuadas.
Amnistía Internacional pide a las autoridades federales y estatales de México que se comprometan públicamente a dar prioridad a la aplicación de la legislación de 2007 para proteger a las mujeres frente a la violencia, e inviertan los fondos necesarios para ponerla en práctica.
Además, la organización también exige que se investiguen y hagan públicas las conclusiones de por qué siguen siendo tan bajos los índices de denuncia, enjuiciamiento y condena de la violencia contra las mujeres, y tomen medidas concretas para abordar los obstáculos identificados por esas investigaciones.
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