Tanto quienes vivan en la aldea como quienes entren en ella, incluso por poco tiempo, tendrán que identificarse, y habrá criterios precisos para su admisión, entre ellos, de forma imprescindible, la posesión de documentos regulares y del permiso de residencia, así como la firma de un documento en el que la persona se comprometa a respetar las normas internas.

El resto de criterios serán establecidos por el departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Roma, que será el encargado de conceder los permisos de admisión a los campos, y en cada uno de ellos se creará un comité consultivo compuesto por representantes del propio consistorio, del distrito, de la empresa sanitaria local, de la policía y de las asociaciones de voluntariado.

Este comité deberá juzgar los casos de anulación del permiso de admisión, para lo que tendrá en cuenta la opinión del comité de representación de los habitantes de la aldea, un órgano que estará compuesto por cinco miembros elegidos entre la población del campo para un mandato de un año. El reiterado incumplimiento de las normas internas del campo, el rechazo de ofertas de trabajo o el hecho de que los hijos no acudan a la escuela son algunas de las acciones que conllevan la retirada del permiso.

Además, los habitantes de la aldea deberán pagar los gastos derivados del mantenimiento de la misma, y la morosidad superior a seis meses en este pago será también una de las causas de expulsión. El reglamento será firmado mañana por el comisario extraordinario para la Emergencia de los Nómadas, Giuseppe Pecoraro, por el alcalde de Roma, Gianni Alemanno, por el presidente de la provincia de Roma,

Nicola Zingaretti, y por el de la región, Piero Marrazzo.

Además, el Ayuntamiento de Roma inició ayer una serie de intervenciones para acabar con la presencia de campamentos de chabolas en el territorio de la capital, y 32 construcciones de este tipo fueron derruidas ayer en la zona de Ostia por las fuerzas de seguridad.