La ciberacción, en la que cualquier persona puede participar, solicita también que se ponga fin al hostigamiento, la intimidación y la persecución de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas independientes y disidentes políticos que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, y permitir el registro oficial de sus organizaciones.

Por último, Amnistía Internacional pide asimismo a las autoridades cubanas que se permita a los organismos de derechos humanos internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, visitar el país para documentar de forma independiente las violaciones de derechos humanos y poder dialogar con las autoridades.

El caso de Orlando Zapata
Orlando Zapata Tamayo fue detenido en marzo de 2003, y en mayo de 2004 fue condenado a tres años de prisión por “desacato”, “desórdenes públicos” y “resistencia”. Posteriormente fue sometido a varios juicios por cargos adicionales de “desobediencia” y “desórdenes en establecimientos penitenciarios”, el último de ellos en mayo de 2009.

En el momento de su muerte cumplía una condena total de 36 años de prisión. Su único delito fue trabajar por los derechos humanos en Cuba. El hecho de que Orlando Zapata Tamayo, al verse ante una pena de prisión tan prolongada, sintiera que el único camino que le quedaba era matarse de hambre como protesta constituye una denuncia terrible de la constante represión que sufren los disidentes políticos en Cuba.

Orlando Zapata Tamayo era uno de los presos de conciencia adoptados por Amnistía Internacional en Cuba. La mayoría formaban parte de las 75 personas detenidas durante la oleada masiva de represión emprendida por las autoridades en marzo de 2003 contra los activistas políticos. En Cuba, sin un poder judicial independiente, los juicios son a menudo sumarios e incumplen gravemente las normas internacionales sobre juicios justos; una vez dictada la sentencia, las posibilidades de apelar son prácticamente nulas.