El 28 de junio de 2009, Honduras sufrió un golpe de estado político militar. El presidente electo democráticamente, Mel Zelaya, fue expulsado del país por el ejército, instalándose un gobierno de facto que recortó las libertades constitucionales, censuró a los medios de comunicación y amparó la persecución de activistas hondureños opuestos al golpe. Un año después, tras unas elecciones presidenciales de postín cuyos resultados no fueron reconocidos ni por la resistencia hondureña ni por gran parte de la comunidad internacional, el nuevo gobierno trata de vender una imagen de normalidad democrática. Sin embargo, la represión no ha cesado y siguen siendo asesinados periodistas, sindicalistas y campesinos opuestos al golpe.
Hemos hablado con Judith Muñoz Saavedra, cooperante que vivió en Honduras los meses posteriores al golpe de estado, para conocer la situación que atraviesa el país y la resistencia popular.

¿Honduras vive en una dictadura desde el golpe de estado?
Honduras vive la herencia de un golpe de estado perfecto. El presidente depuesto está en el exilio. Ninguno de los responsables del golpe ha sido sancionado, al contrario; el presidente de facto hasta las elecciones, Roberto Micheletti, fue nombrado diputado vitalicio y el ex general Romeo Vásquez, que lideró el golpe militar, gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones. Para legitimarse, los propios golpistas organizaron unas elecciones presidenciales en noviembre en un clima de censura y represión. El gobierno que surgió de esas elecciones no ha investigado ni sancionado los crímenes cometidos en la etapa de Micheletti. En este momento las violaciones de los derechos humanos y la persecución política continúan.

¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos que se dan en estos momentos en el país?
En los últimos meses han muerto 9 periodistas y se ha producido una cadena de asesinatos selectivos de miembros de la resistencia. Han aumentado los femicidios y la violencia sexual hacia las mujeres. Hay persecución política, detenciones ilegales y hostigamiento: se han destituido funcionarios, maestros y maestras y jueces y juezas que rechazaron el golpe. Ha recrudecido la violencia: hay más asesinatos, secuestros y amenazas. Policías y militares han cerrado radios comunitarias y han desalojado a campesinos y campesinas de sus tierras. La censura y el clima de temor continúan.

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