Dentro del procedimiento de consulta pública al que se ha sometido el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, diferentes organizaciones no gubernamentales de amplio espectro han presentado unas alegaciones conjuntas denunciando el nuevo texto. Entre las organizaciones que se adhieren a esta iniciativa se encuentra el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, organización dedicada al fomento de una cultura de paz y la construcción de una sociedad desarmada y que, desde 1999, denuncia los efectos negativos del militarismo y el comercio de armas.

El resto de entidades firmantes son organizaciones sociales, jurídicas y de solidaridad con el pueblo saharaui, como CEAS-SAHARA (Coordinadora Estatal de Asociaciones de Solidaridad con el Sáhara), Um Draiga (asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón), y organizaciones jurídicas como IAJUWS (Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental), el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, el Observatorio asturiano para el Sahara Occidental y JUPADEHU (Juristas por la Paz y los Derechos Humanos).

Con anterioridad, varias de estas organizaciones suscribieron solicitudes de información relativas a la venta de armas dirigidas a la Secretaría de Estado de Comercio, siempre con respuesta negativa por acogerse a la Ley de Secretos de Estado. Se desarrollaron campañas de denuncia activa sobre el papel perverso del Estado español en la venta de armamento de origen español destinado a Marruecos. Denuncia que se basa en la ocupación ilegal y violenta del Sahara Occidental, desde la invasión del territorio en 1975 hasta la actualidad.

Posteriormente, durante los levantamientos populares de la ‘Primavera Árabe’ se conoció que se había utilizado para la represión civil armamento español tanto en Libia (bombas racimo) como en el Sahara ocupado (vehículos de doble uso en El Aaiún, durante el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik), pese a que la legislación española indica claramente que la venta de armas a países en guerra o en zonas desestabilizadas está prohibida.

Las entidades firmantes denuncian “la opacidad del anteproyecto y que la futura Ley podría aumentar la opacidad sobre el comercio de armamento al considerar que la transparencia en esta materia puede perjudicar los intereses de la industria armamentista. Un secretismo que en el comercio de armas tiene como única finalidad favorecer las exportaciones de armamento”. “En contra de las pretendidas bondades democráticas que el Gobierno predica del anteproyecto lo cierto es que una concepción democrática de la defensa exige, por el contrario, que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a saber sobre la información relacionada con la defensa nacional”, subrayan. Por ello, solicitan “la modificación del anteproyecto para que se incluyan, expresamente, la información relativa a la defensa y al comercio exterior de armamento como materias propias del derecho de acceso a la información pública”.