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Silvia Melero Abascal @SilviaMeleroAba

Centros de Internamiento de Extranjeros: los agujeros negros del Estado de Derecho

Muchos de los inmigrantes que han estado internos dicen que el CIE es “peor que la cárcel”. En la cárcel los presos conservan su nombre. En el CIE pasan a ser un número. En la cárcel hay actividades. En el CIE no. A una cárcel acceden las organizaciones sociales. A un CIE no. Los datos sobre población reclusa en las cárceles españolas son públicos. No hay datos sobre el número de personas que han pasado por los CIE en España. Oscurantismo, irregularidades, arbitrariedad en la gestión, falta de transparencia, abusos policiales, denuncias por malos tratos y vejaciones, condiciones inhumanas. Las ONG llevan años denunciando lo que está pasando dentro de estos centros de dudosa legalidad. Según la Ley de Extranjería y los sucesivos ministerios del Interior no son cárceles. Pero funcionan como si lo fueran. Aunque en las cárceles los derechos de los internos están garantizados por la ley. Los CIE, en cambio, se rigen por normas que dependen del criterio de cada director.

 
-ENCABEZADO-Mauricio Burbano (Pueblos Unidos)

Centros de Internamiento de Extranjeros: los agujeros negros del Estado de Derecho

Por Silvia Melero Abascal

Muchos de los inmigrantes que han estado internos dicen que el CIE es “peor que la cárcel”. En la cárcel los presos conservan su nombre. En el CIE pasan a ser un número. En la cárcel hay actividades. En el CIE no. A una cárcel acceden las organizaciones sociales. A un CIE no. Los datos sobre población reclusa en las cárceles españolas son públicos. No hay datos sobre el número de personas que han pasado por los CIE en España. Oscurantismo, irregularidades, arbitrariedad en la gestión, falta de transparencia, abusos policiales, denuncias por malos tratos y vejaciones, condiciones inhumanas. Las ONG llevan años denunciando lo que está pasando dentro de estos centros de dudosa legalidad. Según la Ley de Extranjería y los sucesivos ministerios del Interior no son cárceles. Pero funcionan como si lo fueran. Aunque en las cárceles los derechos de los internos están garantizados por la ley. Los CIE, en cambio, se rigen por normas que dependen del criterio de cada director.

Hablemos en primera persona para que se entienda mejor. Voy de camino a casa, como cada día. La policía lleva haciendo redadas desde hace tiempo, sólo piden la documentación a las mujeres de pelo castaño, piel blanca y pinta de españolas. Hoy me ha tocado. No tengo renovado el DNI. Es una falta administrativa. Me detienen y me llevan a comisaría. Luego me trasladan a un centro de indocumentados y me encierran.

Esto, que puede parecer una exageración, es lo que les ocurre a miles de inmigrantes en nuestro país. Van de la patera al CIE directamente o, después de tener una vida normalizada en España, ven truncada su existencia cuando la policía les pide los papeles un buen día en la calle.

Las organizaciones sociales llevan años denunciando la vulneración de derechos humanos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En España hay nueve centros de este tipo, donde permanecen retenidos en régimen carcelario personas que no han cometido ningún delito. Dependen del ministerio del Interior y están gestionados por la Dirección General de la Policía.

Uno de ellos es el de CIE de Aluche en Madrid. A él vino a parar Victor. Es de Camerún. Tiene 24 años. Recuerda con precisión cada fecha, cada dato. El 19 de octubre de 2010 llegó a Melilla nadando desde Marruecos. “Nadé unas dos horas, llevaba salvavidas, cuando me cansaba me quedaba flotando”. Al llegar a la costa una ambulancia le lleva al hospital. Pasó una noche en comisaría. Le cogieron las huellas dactilares y le dieron un número. Al día siguiente ingresó en un “campo de inmigrantes”, donde ha estado un año y dos meses. Se refiere a un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (diferente al CIE), donde se puede salir durante el día. Dice que en Melilla lo pasó mal, pero ni imaginaba lo que le esperaba. Una noche a las cuatro de la madrugada, más de 20 policías entraron en la habitación, despertaron a todos, leyeron una lista y les dieron unos minutos para recoger sus cosas. “No sabes qué va a pasar, da mucho miedo, sentía mucho dolor en el corazón porque yo no tengo problemas con el Gobierno ni con nadie, no he cometido ningún delito, sólo soy inmigrante, he entrado ilegal, sí, pero entrar en un país sin papeles no es como matar a alguien”. Rápido y en mitad de la noche, les trasladaron al CIE de Aluche. “Es peor que una cárcel, es muy duro”. Ha estado 55 días encerrado.

Retenidos. En un CIE, las personas pueden estar privadas de libertad un máximo de 60 días. La Ley de Extranjería de 1985 dio lugar a la existencia de este tipo de centros que, en teoría, son espacios “no penitenciarios” cuya función es retener a inmigrantes (no están detenidos sino “retenidos”) que carecen de papeles (permiso de residencia y de trabajo) mientras se tramita (o no) su expulsión del país. El internamiento es una medida cautelar y no una sanción (la sanción es la expulsión, si así lo dictamina un juez).

El único derecho que tienen restringido las personas en un CIE es la libertad de movimiento. Pero el marco legal no se cumple.“La ley prevé la privación de libertad en casos graves y extremos para proceder a la expulsión forzosa como último recurso. Es la forma más represiva de la política de control migratorio”, explica la abogada Cristina Manzanedo. No tener papeles no es un delito. Es una falta administrativa. “Su única infracción es carecer del permiso de residencia o no tenerlo renovado. Por una estancia irregular la sanción es una multa”.

Cristina es la coordinadora del informe Miradas tras las rejas, elaborado por la ONG jesuita Pueblos Unidos. En él se denuncia lo que pasa dentro del CIE de Aluche. Según el director de esta organización, Daniel Izuzquiza, algunos juristas señalan que este tipo de internamiento va contra el derecho internacional. “Es un sistema que genera un sufrimiento grande, inhumano, gratuito e ineficaz. Se produce la violación sistemática de los derechos humanos, hay malos tratos –puntuales pero se dan– y se vulneran derechos (salud, comunicación, educación, intimidad, defensa)”.

Así lo constata el informe, que describe estos centros como “cárceles encubiertas”. Pueblos Unidos ha documentado casos de agresiones físicas y malas prácticas. Policías que pegan a los internos en los lugares donde no hay cámaras de vigilancia, inmigrantes que no entienden por qué están ahí, falta de información, arbitrariedad en la gestión (aspectos comunes a otros CIE de España).

Sin derechos. En Aluche hay cuatro módulos para hombres y uno para mujeres. No hay datos, pero a lo largo de 2011 podrían haber estado internas más de 3.400 personas. Si supera la capacidad máxima, se ponen colchonetas en el suelo. Las habitaciones se cierran por la noche bajo llave. Es frecuente que los internos hagan sus necesidades dentro de la habitación porque el policía no suele acudir cuando llaman para ir al baño.

Hay deficiencias en la higiene y alimentación. Hay dos celdas de castigo que sólo tienen una cama de cemento. Nada más entrar al centro les quitan el móvil. Si no saben de memoria los números de sus familiares y amigos no pueden ponerse en contacto con ellos, a menos que encuentren a un funcionario amable que les deje mirarlo. La comunicación exterior es muy complicada. Hay unas cabinas telefónicas pero es difícil llamar. Sólo tienen derecho a una visita por la tarde y de una sola persona. A través de una mampara de cristal y por teléfono.

Aquí llegó Victor. Los días y las noches pasaban hasta que otra vez a las cuatro de la mañana entraron de repente varios policías (es la práctica habitual). “Sabía que si decían mi número es cosa mala, eso es la expulsión a mi país. Había mucha policía, perdí la fuerza”. Fue el pasado 24 de enero. Salió del CIE de Aluche esposado, en un coche de la Policía. Un agente le dice en ese momento que va a regresar a Camerún. Se dirigen al aeropuerto de Barajas. “¿Cómo después de casi dos años aquí me voy a ir a Camerún sin nada, cómo voy a vivir? Me sentí mal”.

En Barajas lo dejan en una sala vacía. Está solo, junto a su bolsa con la ropa, vigilado por una cámara. Entran otros inmigrantes que también van a ser expulsados. Y luego llegan tres policías. Compran los billetes de avión, se los enseñan. “A las 5 de la mañana me ponen contra la pared y me cachean. Me ponen una chaqueta de fuerza que me sujeta los brazos y un pantalón, atadas las piernas, no puedo moverme bien”. Andando como puede, Victor llega hasta el avión de Air France. Siente que no puede irse. No quiere volver así, sería un fracaso. Se niega a subir al vuelo. Hay forcejeos, resistencia, la Policía lo golpea durante 10 minutos. Llega a pensar que prefiere que le maten antes de volver.

Buscando mejor vida. “Nunca he estado en la cárcel, no he hecho nada malo. Quiero buscarme la vida y vivir tranquilo. Nunca he visto a esos policías, no los conozco, no tengo ningún problema con ellos, sé que es el Gobierno el que decide esto pero la Policía no tiene que pegar así”. Mientras lo cuenta mueve la cabeza de un lado para otro, no lo entiende. El piloto baja para intentar convencerlo, Víctor se resiste. Finalmente, la escalera del avión se cierra. A las 8 de la mañana llega Cruz Roja al aeropuerto para atenderlo. Estaba libre. “En unas horas me cambió todo, sentí tanta alegría que ya no sentía el dolor de los golpes”.

Quiere explicar que en su país la vida es muy difícil. “Sólo vine para buscar mejor vida y ayudar a mi familia”. El padre de Víctor era policía. Murió hace 13 años. Su madre vende comida en la calle, tiene 8 hermanos. “Yo de pequeño trabajaba mucho. Vivimos 15 personas en una casa, dormimos tres en la cama. No quería esa vida”. En Camerún estudió literatura en el liceo. Se pagó sus libros vendiendo ropa.

Agresiones. Las agresiones que ha sufrido Victor no son un caso aislado. “Es necesario garantizar la integridad física en el aeropuerto. Hay policías muy correctos que demuestran que se puede hacer su trabajo sin lesionar”, apunta Cristina Manzanedo.
La coordinadora del grupo de visitas de Pueblos Unidos, Ana Navarro, ha constatado en primera persona la angustia y el miedo que sufren los internos. “Son un número. Vas a visitar al 3.297. Te cosifican y te anulan. Hay mucha frialdad, es un régimen carcelario. Un día llegas y la persona a la que has estado visitando ya no está. De repente. No te informan si lo han expulsado o si está libre”.

Es importante destacar que en 2011 un auto del juez permite que las organizaciones sociales puedan entrar en el CIE de Aluche acreditadas, no a título personal como se hacía antes. Siguen haciendo visitas a los internos de uno en uno y en el locutorio. En otros CIE la situación es peor, Madrid tiene el régimen de acceso a las ONG más favorable. “Venir al CIE casi siempre es surrealista, cada día una historia, lo que ayer estaba permitido hoy no. Depende del policía, del humor con el que esté. Un familiar puede quedarse sin visitar al interno porque no tiene bien el número”.

Cruz Roja es la única organización que puede acceder al interior de las instalaciones del CIE de Aluche, más allá del locutorio de visitas. Desde hace dos años tiene un convenio con el ministerio del Interior. Ofrece traducción y mediación entre los internos, el servicio jurídico y el servicio médico (en manos de una subcontrata privada). También clases de castellano y actividades de ocio, aunque la mayoría de las personas internadas se queja de estar horas y horas en la habitación sin hacer nada. “Lo importante para nosotros es estar dentro y mejorar las condiciones. Tenemos reuniones con el ministerio una vez al mes y expresamos lo que hace falta cambiar, ha habido mejoras. No hacemos denuncia pública sino privada con las autoridades competentes. Si no, no tendríamos acceso al CIE”. Lo explica José Javier Sánchez Espinosa, subdirector para Migraciones de Cruz Roja.

La política del miedo. Patricia Orejudo pertenece a la comisión CIE de la red Ferrocarril Clandestino. Priman la labor de denuncia y el enfoque político. “Los CIE representan la política del miedo. Si ves que detienen a inmigrantes en la calle, es que algo habrán hecho. Y a su vez es la estrategia del terror para amedrentar al extranjero”.

Es cierto que ha habido avances. Desde 2009 la figura del juez de control ha facilitado que se puedan tramitar las quejas y denuncias de los internos. Se ha exigido que los policías vayan identificados, que haya asistencia médica continuada y se dé parte de lesiones y que nadie esté encerrado en la celda de aislamiento más de un día.

“Me he encontrado en las visitas con gente que lleva viviendo 12 años en España, perfectamente integrada, con casa, familia, amigos, pareja… ¿Qué es esto? El CIE es una medida cautelar, excepcional, si no se tiene arraigo social, no hay domicilio conocido, hay riesgo de fuga, mientras se tramita la orden de expulsión”, añade Patricia.

Criminalizados. El oscurantismo y la ausencia de datos públicos dificulta saber qué perfil de población está en los CIE. A Cristina Manzanedo le preocupa la criminalización que se hace de las personas internas. “Dice el ministro del Interior que el 80% de las personas internas son delincuentes y no es cierto. El 80% son posibles ‘expulsiones cualificadas’, un concepto inventado, un saco donde caben desde delitos contra bienes jurídicos (vida, terrorismo, drogas, trata), que son delitos muy graves (piensas que, efectivamente, se expulsa a gente de la que queremos defendernos) hasta ‘otros delitos’, como procesos penales en curso (vulnerando el derecho a la presunción de inocencia) o antecedentes policiales”.

En un CIE pueden dormir en la misma habitación personas que han cumplido condenas penales con otras a las que les falta un papel administrativo. Ana deja claro que “no todas las personas que han pasado por prisión son delincuentes. Ya pagaron su condena. Toda persona tiene derecho a rehacer su vida, no hay que etiquetar”. Patricia ha conocido en sus visitas al CIE a personas que han pasado por la cárcel. “Llegaron en patera, se identifica a uno como el patrón, y tres años de prisión. Cuando salen, les esperan en la puerta para llevarlos al CIE. Todos dicen que el CIE es peor que la cárcel”.

Cristina pone otro ejemplo que han encontrado en Aluche. Un señor de Bangladesh con un menor a su cargo. Tenía una denuncia policial por vender CD en la calle. Eso es motivo de expulsión. Otro por utilizar el DNI de un amigo. “Hay que ser más responsables, no es cierto que el CIE esté lleno de inmigrantes delincuentes. Que el ministerio explique qué es motivo de expulsión con datos transparentes. Estamos hablando de la señora que trabaja en el servicio doméstico y al volver a casa es retenida en la calle o del señor que vende La Farola en Lavapiés, o de gente con denuncias policiales sin sanción, otros con procesos penales abiertos y una minoría que ha cumplido ya su condena penal y que puede generar conflicto”.

Las organizaciones demandan que se acabe con las redadas policiales. “La política de identificación del anterior Gobierno ha sido insensata, retener a personas en la calle sólo por su perfil racial, sin que estén vinculadas a ningún altercado ni problema de seguridad, solo por su aspecto, es una práctica discriminatoria legalmente cuestionada. En el imaginario social queda la idea de que los inmigrantes son delincuentes”.

Daouda Thiam es miembro de la Asociación Sin Papeles de Madrid. Es de Senegal, llegó en cayuco a Canarias. “La ley nos exige integrarnos, tenemos que demostrar tres años de arraigo social (conocer el idioma, la cultura, estar empadronados) más un contrato de trabajo de un año, más un informe, para tener los papeles. Vamos a clases de español como se nos pide y la Policía nos está esperando a la salida de las asociaciones, de las bibliotecas; es una trampa”. Es un círculo vicioso. Hasta que no tienen el arraigo social no pueden tener un contrato, pero tienen que sobrevivir. Como Daouda, muchos se hacen manteros para vender DVD. “No es por gusto. En mi país nunca había vendido en la calle, trabajaba como ebanista. Era lo más leve que yo podía hacer. No quiero robar, ni prostituirme ni vender droga. Cuando te pillan tienes una denuncia penal, hay muchos manteros en la cárcel”.

Con esos antecedentes, ya no tendrás papeles. Acabarás en un CIE. Se ha conseguido la despenalización del top manta hace unos meses. Ahora es una falta con multa. “Los manteros no pueden pagar miles de euros a la SGAE. Es imposible”. Otro callejón sin salida. “Hay que visibilizar la situación en nuestros barrios, solos no podemos. A la gente le tiene que importar lo que le pasa a su vecino”. J es policía local. “Aunque no se sepa, dentro de la Policía hay una división muy fuerte, muchos no estamos de acuerdo con las redadas. Las órdenes que vienen desde hace años son políticas”.

Contra un muro. Daniel Izuzquiza afirma que el objetivo es el cierre de los CIE. Además de inhumano, el sistema es ineficiente porque sólo se tramitan realmente el 50% de las expulsiones. A corto plazo, las organizaciones piden un reglamento que garantice los derechos humanos. “El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en su primera comparecencia habló del reglamento de los CIE. Dijo que se iba a elaborar, queremos que se cuente con la experiencia de las organizaciones. Hay cierta ambigüedad cuando se habla de modificar el sistema de gestión, que ahora está en manos de la Policía (por lo que prima aspectos de control y seguridad). ¿Quién lo va a gestionar? ¿Educadores, trabajadores sociales, empresas privadas, ONG?”. Cristina recuerda que llevan años dándose contra un muro. “En junio de 2010 debería haber estado hecho el reglamento”. Y pide una aplicación más sensata de la Ley de Extranjería.

Douda recuerda que vino aquí porque ganarse la vida en su país cada vez es más difícil. “La gente en Senegal vive de la pesca y la agricultura. Europa llega y explota los recursos, con el permiso de nuestros gobiernos. Los pequeños pescadores empiezan a sufrir. Si aquí no tengo ya con qué vivir, me tengo que ir a otro sitio”.

Y Ana, que ahora vive en Madrid, reflexiona en alto. “Yo que soy de Las Palmas, un poco más y me quedo del otro lado, sin posibilidades. Desde Canarias sí puedo venir a la península sin problemas”. Nunca acabará en un CIE.

Cristina quiere seguir confiando en el Estado de Derecho. “Veo con dolor, escándalo y preocupación cómo se quiebra el respeto a los derechos humanos y libertades de la persona en nuestro país. Me queda la sorpresa de constatar que, incluso en Estados de Derecho muy avanzados como el nuestro, pueden pasar estas cosas y pueden existir agujeros negros donde la protección de los derechos y libertades se queda en la puerta”.•

¿DESDE CUÁNDO?

1989 El Defensor del Pueblo denuncia la gran discrecionalidad en la imposición de sanciones en el CIE de La Verneda (Barcelona).

1991 Andalucía Acoge ya cita el problema de los CIE en su acta fundacional.

1992 Denuncias de las organizaciones sociales sobre estado ruinoso de las instalaciones del CIE de Málaga, donde existen celdas de aislamiento sin regulación.

1994 Huelga de hambre de los internos del CIE de Málaga para denunciar las condiciones del centro.

1996 103 inmigrantes sedados salen del CIE de Málaga y son transportados en cinco aviones militares hacia países africanos. El entonces presidente José María Aznar, transgrediendo las normas internacionales, afirmó: “ Teníamos un problema y lo hemos resuelto”. Poco después es destituido el Director del CIE.

1997 Carta del Decano del Colegio de Abogados de Valencia al Delegado de Gobierno señalando un conjunto de graves deficiencias del CIE de Valencia.

1997 Una persona internada sufre lesiones muy graves resistirse al traslado y expulsión en el aeropuerto. Una delegación del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa hace una visita con carácter de urgencia.

1997 El Defensor del Pueblo Andaluz denuncia que los inmigrantes retenidos en Málaga se encuentran “con un sistema casi penitenciario”.

1999 Informe anual del Defensor del Pueblo estatal tras realizar visitas.

2001 Human Rights Watch realiza una entrevista inmigrantes internados.

2002 El Defensor del Pueblo denuncia nuevamente las deficientes condiciones de los CIEs.

2002 Un inmigrante de origen georgiano con problemas de ansiedad se suicida en el CIE de Málaga.

2003 El Tribunal Supremo a instancias de Andalucía Acoge constata la vulneración de derechos.

2004 Nuevo informe del Defensor del Pueblo señala toda una seriede deficiencias

2005 Informe Frontera Sur de Amnistía Internacional denuncia la situación en los CIE de Canarias

2005 Informe Cárceles encubiertas, de la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga.

2005 Un ciudadano colombiano de 40 años se suicida en el CIE de Málaga ahorcándose con una sábana.

2005 El Fiscal General del Estado en su memoria anual señala que el CIE “cada vez se parece más a un centro penitenciario”.

2006 Seis mujeres inmigrantes manifestaron haber sido víctimas de abusos sexuales en el CIe de Málaga. Siete policías son relevados de sus funciones y puestos a disposición judicial.

2006 Visita de parlamentarios europeos

2006. Huelga de hambre y altercados con entrada de policía antidisturbios en el CIE de Aluche.

2007. Expulsiones masivas de inmigrantes desde los CIE con medios de contención mecánica y sedación. Fallecimiento de una persona por asfixia.

2007. Carta pública en la que 30 internas del CIE de Aluche denuncian problemas de frio , hambre, “comida con pelos y gusanos”, atención médica deficiente, casos de vejaciones y maltrato en el calabozo.

2008. Denuncias de malos tratos y vejaciones en el CIE de Madrid a la ONG Ferrocarril Clandestino. Comunicaciones telefónicas de internos con el exterior pidiendo ayuda. Huelga de hambre denunciando “hacinamiento” y el “trato inhumano que se recibe diariamente”.

2008 informe de la APDHA

2009. Asociaciones de inmigrantes denuncian malos tratos en los procesos de traslado al aeropuerto de Barajas y en las dependencias policiales del aeropuerto.

2009 Informe CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) encuentra evidencias probadas de torturas a internos, zonas grises en el sistema de video control, negativa del equipo médico a realizar parte de lesiones, ausencia de sistemas de identificación de los policías, imposibilidad de acceso directo de los internos al juez para elaborar quejas o denuncias, etc.

2009 Las asociaciones SOS Racismo Madrid, Ferrocarril Clandestino y Médicos del Mundo denuncian al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche por supuestos malos tratos y agresiones físicas.

2011 Campaña Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE, apoyada por más de 300 organizaciones sociales.

2011 AI denuncia en un informe las redadas masivas de inmigrantes que se producen a diario. Las han denunciado hasta los propios sindicatos policiales. El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba negaba su existencia.

2011 Muerte una mujer congoleña en el CIE de Madrid por falta de atención sanitaria y pocos días más tarde un hombre guineano en el CIE de Barcelona por hacinamiento del centro.

2011 Informe CIE, derechos vulnerados, de la Red Euroafricana Migreurop

2012 La Defensora del Pueblo afirma que la situación sanitaria "deja mucho que desear" y hay sobreocupación. Propone la sustitución de la policía por trabajadores sociales y reclama cámaras de vigilancia "en todas partes para saber lo que está pasando”.
 
 

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