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Silvia Melero Abascal @SilviaMeleroAba

Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP): más capitalismo, menos derechos

¿Se imaginan un acuerdo entre Europa y EEUU para reducir más los derechos sociales de la población? ¿Y un acuerdo que permita la entrada de químicos hasta ahora prohibidos por los riesgos para la salud? Incluso se podría abrir la puerta a los alimentos transgénicos y a prácticas como el fracking para extraer gas contaminando el entorno. Puestos a fantasear, podría ser un acuerdo que permita a las multinacionales revisar las leyes que afecten a sus negocios antes de que lleguen a los parlamentos. Se podría permitir también que las empresas demanden a los Gobiernos cantidades millonarias si legislan a favor de la salud, el medio ambiente o los derechos laborales, perjudicando sus posibles beneficios. Pues todo esto es el TTIP, un tratado de libre comercio que se negocia en secreto, como denuncian los movimientos sociales. Un intento de adecuar la legislación a los intereses financieros de las grandes corporaciones por encima de los intereses de la ciudadanía.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si este tratado de libre comercio se aprueba, muchas cosas de su vida cotidiana van a cambiar. A peor. Así lo explica Alejandro González, responsable del área de Clima y Energía de Amigos de la Tierra. “Cuando entre en vigor, podrás ver en unos años cómo tu centro de salud lo va a llevar una empresa privada que puede ser europea o estadounidense. Te encontrarás que la enseñanza también va a estar privatizada o concertada a través de un concurso con una multinacional que ni siquiera tiene que estar especializada en educación, así como cualquier otro servicio básico. Tu estabilidad laboral y tus derechos se van a ver de nuevo mermados por la desregularización. Cualquier espacio natural protegido de tu entorno puede estar amenazado porque va a ser prioritario hacer extracciones de gas sucio que proteger zonas de alto valor ecológico”. Son sólo algunos ejemplos.

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, conocido por sus siglas en inglés TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) se está negociando en secreto desde 2013 entre Estados Unidos y la Comisión Europea (en representación de 28 países). Sus antecedentes están en la Declaración Transatlántica, firmada en 1990 por el presidente estadounidense George Bush y la Unión Europea (UE). Ya bajo el mandato del presidente Obama han arrancado las negociaciones que afectan a aspectos tan diversos como servicios públicos, alimentación, propiedad intelectual, protección de datos, justicia o derechos laborales. Junto al TTIP está en marcha también otro tratado similar con Canadá (CETA). “Lo venden como solución a la crisis diciendo que va a crear empleo y subirá el PIB. La libre competencia de trabajadores y sectores europeos y norteamericanos implica una bajada de sueldos. ¿Quién se llevará el trabajo de las multinacionales? Pues el que tenga sueldos más bajos. Los sectores que sean competitivos irán aumentando y los otros desaparecerán, como el caso de la agricultura en Europa que no tiene nada que hacer respecto a la estadounidense que es masiva, industrial, con granjas 13 veces mayores que las europeas”, afirma Verónica Gómez, miembro de la comisión internacional de ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana).
 
Una de las consecuencias será el aumento de la desigualdad y la precariedad de las mujeres, como asegura la socióloga Estefanía Rodero Sanz. "Esos procesos de privatización de servicios públicos y recortes en el Estado del Bienestar que están en juego, debido a la feminización del empleo público lo que destruye es empleo de calidad de las mujeres, transformándolo en empleo precario". El neoliberalismo defiende que pagar por igual a hombres y mujeres atenta contra el sistema de libre comercio. "EEUU es la única democracia que no ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (al igual que Irán, Somalia o Sudán del Sur), ni ha firmado el protocolo facultativo que, con sus fallos y lentitudes, permite las denuncias individuales por discriminación”.

El Gobierno español, replicando el discurso de la UE, mantiene que la reducción de obstáculos para el comercio entre ambas partes traerá beneficios. Así, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha prometido la creación de 143.000 trabajos, recuerda Tom Kucharz desde Ecologistas en Acción. “Lo que no dice es que los tratados de liberalización del comercio firmados en los últimos 30 años han provocado despidos a gran escala. Hay estudios que estiman que el TTIP fomentará la deslocalización y pérdida de empleos, más de un millón de trabajadores de la UE podrían perder sus puestos de trabajo en sectores donde EEUU es más competitivo porque sus normativas laborales son menos exigentes y los derechos sindicales simplemente no existen”.

Cabe destacar que EEUU sólo ha suscrito dos de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La UE ha suscrito todos, pero el TTIP implica eliminar las diferencias legislativas entre Washington y Bruselas, flexibilizando. “Para que haya esa libre circulación de servicios y de productos hay que compartir la misma legislación o aceptar la otra como equivalente. La equiparación se hace a la baja. Liberalizar implica una degradación de las directivas europeas (más proteccionistas)”, como apunta Verónica. Pone un ejemplo: “La directiva europea que regula la producción y comercialización de sustancias químicas es más exigente. En EEUU hay más de 30.000 sustancias químicas relacionadas con la obesidad, diabetes o el cáncer que aquí están prohibidas y podrían entrar en nuestros mercados. Si el tratado se aprueba, cuando las directivas europeas cambien, las nacionales se tendrán que adaptar”.

Entrada de transgénicos. Pasará igual con los alimentos transgénicos, los Organismos Modificados Genéticamente (OMG). Ahora en Europa hay obligación de informar en el etiquetado a los consumidores pero en EEUU no. “Uno de los objetivos es acabar con el llamado principio de precaución. Esto podría abrir la puerta aún más a la entrada masiva de transgénicos y alimentos tratados con pesticidas y hormonas actualmente no permitidas”, dice Tom. España es el país que más superficie destina a cultivos transgénicos en la UE. En la actualidad, el único producto cultivado para el comercio masivo es el maíz MON810 de Monsanto. La activista Esther Vivas señala que el 80% de su producción se lleva a cabo en Aragón y Cataluña a pesar del negativo impacto medioambiental. “En cambio la mayor parte de países europeos lo vetan. En Estados Unidos, por el contrario, el número de cultivos es mucho más alto. De ahí que Europa sea un goloso pastel para multinacionales como Monsanto, Syngenta, Bayer o Dupont”.

El TTIP también levantará el veto a la carne y los productos derivados de animales tratados con promotores de crecimiento hasta el momento prohibidos. Lo mismo con las hormonas como la somatotropina bovina empleada para aumentar la productividad de vacas lecheras (algunos estudios la vinculan a un incremento del riesgo de cáncer de mama o de próstata y al crecimiento de las células cancerosas). “Por cierto, la empresa estadounidense Monsanto, la número uno de las semillas transgénicas, es la única del mercado que comercializa dicha hormona”, advierte Esther. Hasta “la carne de pollo desinfectada con cloro llegará a nuestra mesa”. Pero el TTIP permitirá, además, que estas multinacionales puedan denunciar a los Gobiernos estatales, locales y regionales si las leyes dañan sus posibles beneficios económicos. Podrán incluso solicitar indemnizaciones millonarias a los Estados. Es uno de los puntos más polémicos del tratado: la creación de un Mecanismo de Resolución de Disputas entre Inversores y Estados (ISDS).

Para Verónica, “es un ataque a la soberanía de los Estados, pero esto ya viene ocurriendo con otros tratados firmados, cada vez se demanda más a Gobiernos. Las corporaciones tienen derecho a demandar en un tribunal de arbitraje, fuera del sistema legal del país. Tres abogados privados deciden si esas multinacionales merecen una compensación por sus pérdidas futuras”. Es una cláusula que ya se encuentra en cerca de 3.000 tratados comerciales. Esto ha permitido que compañías tabacaleras demanden a un gobierno por proteger la salud pública reduciendo el consumo de tabaco o que incluso se recurra a un tribunal de arbitraje porque un Estado decide aumentar el salario mínimo. En Canadá, la compañía de petróleo y gas Lone Pine reclama al Gobierno 250 millones de dólares como indemnización por negarle la licencia (debido al impacto ambiental) para perforar bajo un río. Según detalla Tom, “cualquier compañía estadounidense que invierta en la UE podría demandar a un Estado en estos tribunales secretos por las pérdidas de beneficios que puedan provocarles las políticas públicas. Y son los contribuyentes los que pagan”.

Privilegios sin precedentes. Para eliminar las normas que defienden los derechos ciudadanos y proteger, en cambio, las ganancias de las empresas, el TTIP plantea el llamado Consejo de Cooperación Reguladora, que otorga a las multinacionales poderes y privilegios sin precedentes. “Permite que las compañías intervengan, que puedan influir directamente en las leyes antes de que lleguen al parlamento europeo y los parlamentos nacionales”, añade Tom. “Los lobbies empresariales han pedido explícitamente tener capacidad para co-escribir la legislación”. Según denunció el Observatorio Corporativo Europeo, los funcionarios europeos implicados en la negociación del tratado tienen a los lobbies empresariales como interlocutores el 90% de las veces, en perjuicio de los representantes de la sociedad civil. Y todo esto se está negociando en secreto, como denuncia la Plataforma No al TTIP que en España está integrada por más de 130 organizaciones ecologistas, ONGD, sindicatos, asociaciones, plataformas del 15M y partidos políticos como Podemos, Izquierda Unida o Equo. Las filtraciones que se han hecho de algunos documentos han permitido conocer parte del contenido. “Si se permite que este tratado comercial se firme será la mayor transferencia de poder al capital que hemos visto en generaciones. Es por eso que se está viendo un aumento en la resistencia popular a este proyecto en toda Europa y en los EE.UU”, dicen desde esta plataforma.

Para Verónica, “lo que no es normal es que no se pueda acceder a los textos y que sea todo tan oscuro. Ignacio García Bercero, negociador de la Comisión Europea, le aseguró a su homólogo estadounidense que no veríamos estos documentos hasta pasados 30 años, cuando se desclasifiquen”. Ante las críticas por falta de transparencia, Bruselas ha prometido desclasificar documentos en 2015. “Son necesarios más pasos de cara a aumentar la legitimidad de las negociaciones a ojos del público”, reconocía la Defensora del Pueblo de la UE, Emily O’Reilly, tras recibir más de 6.000 correos electrónicos. La Comisión Europea hizo una consulta popular en la que han participado 150.000 personas mostrando su rechazo masivo al TTIP. “La consulta muestra claramente que existe un enorme escepticismo en lo que respecta al instrumento de resolución de conflictos entre inversores y Estados”, afirma Cecilia Malmström. Es la actual comisaria europea de Comercio, responsable de la negociación del TTIP, y tiene vínculos con el lobby de la industria armamentística, además de ser la impulsora durante años de la política contra la inmigración “ilegal”, ese término que criminaliza a millones de personas que buscan una vida mejor, como cuenta Tom. “Durante su mandato anterior, la Comisión Europea ha caído más y más en los brazos de los grupos de presión de la industria armamentística que ganan miles de millones de euros con los sistemas de vigilancia en las fronteras de la UE”.

Falta de información. Desde la Plataforma No al TTIP denuncian la falta de información sobre el tratado en los grandes medios españoles. Son los movimientos sociales y los medios alternativos los que durante el pasado año han organizado la campaña a través de redes sociales, charlas y debates para llegar a la opinión pública. “Hay una falta de información enorme sobre un tratado que va a cambiar la vida y el bienestar de toda la ciudadanía europea”, señala Alejandro. Verónica está de acuerdo. “El bloqueo informativo está en España, pero este tema en Alemania está en todos los periódicos, en Francia, en Reino Unido también. Es increíble, es que hasta los medios más importantes de otros países publican ya no sólo lo importante sino lo anecdótico. Al presidente de la Comisión Europea se le entregó el día de su cumpleaños una tarjeta con un millón de firmas en contra del TTIP. Esto salió en todos los medios de comunicación de Reino Unido, en la BBC, y es algo anecdótico. Aquí nada”. Añade, perpleja, que no puede entenderlo, puesto que es un tema de mucha importancia que afecta al interés general.

“Las privatizaciones que ya estábamos viendo en Europa de servicios de agua, por ejemplo, se incrementarán. Se ha filtrado un documento que habla de entregar los servicios públicos a las grandes corporaciones. Se pretende también alargar las patentes de las medicinas, implicaría que no entrasen genéricos tan a menudo en el mercado, sería un encarecimiento de los medicamentos. Y ya se ha calculado que el trasvase de productos y servicios a ambos lados del Atlántico produciría once millones más de emisiones de CO2. Para acercarnos al protocolo de Kioto, por lo que se ve”, bromea.

La fractura hidráulica. Una de las preocupaciones de las organizaciones ecologistas es la fractura hidráulica o fracking, una práctica muy extendida en EEUU para la extracción de gas y petróleo. “Con la desregularización a nivel energético, el tratado busca poder importar hacia Europa técnicas agresivas y energías fósiles muy contaminantes que ahora mismo no están permitidas”, apunta Alejandro. El fracking es una práctica que contamina el subsuelo y tiene efectos negativos en la salud pública. Para explotar el gas acumulado en ciertas rocas se realizan cientos de pozos en los que se inyectan millones de litros de agua con elementos químicos y tóxicos. En EEUU se hacen más de 11.000 perforaciones al año. Con el acuerdo cambiaría la legislación y se podrían hacer en Europa e incrementarse en EEUU ya que podría vender ese petróleo y gas directamente al mercado europeo.

2015 es un año crucial en la tramitación del TTIP. Sus opositores celebrarán una jornada global el 18 de abril. Alejandro González llama a la implicación ciudadana. “Hay muchos frentes abiertos ahora mismo. Cualquier ciudadano puede hacer una interpelación en su municipio para que su Gobierno local haga una moción contraria al TTIP que luego se lleve a instancias superiores del Gobierno español. Se pueden hacer directamente interpelaciones a los eurodiputados que tienen cierto margen de maniobra hacia la Comisión Europea. Se pueden hacer labores de divulgación entre vecinos, familiares, comunidades, redes sociales”. Sobre todo, se trata de visibilizar el contenido del tratado. Verónica Gómez destaca que ya han ocurrido cosas esperanzadoras en esta lucha. “Los movimientos sociales hemos estado presionando. Hay una iniciativa legislativa ciudadana: en la UE si entre siete países recogen un millón de firmas se pueden parar las negociaciones. Se intentó registrar y no dejaron. Seguimos recogiendo firmas. La plataforma que ha hecho la recogida ha demandado en el Tribunal de Justicia Europeo a la Comisión Europea por no registrar la iniciativa ciudadana y por no mostrar los documentos”. También se ha solicitado a la Defensora del Pueblo Europeo que acceda a ellos. “Creo que es posible pararlo porque los servicios jurídicos van a acceder a la documentación y no entran a valorarla sino a ver si el reglamento ampara su restricción o no. Si esos documentos se hacen públicos, yo creo que es el final del TTIP”. •
 
 

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