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Texto: José Ignacio Martínez Rodríguez

Fotos: Oto Marabel

Los últimos horrores del monte Gurugú

El brusco descenso de la migración a España tiene una cara amarga: la policía marroquí ha intensificado su control en las fronteras, sobre todo en la melillense, donde hace solo unas semanas detuvieron a más de 1.200 personas con destino desconocido. Los migrantes subsaharianos denuncian palizas y maltratos en una pesadilla que no acaba en Melilla, donde el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), a menudo desbordado, no es capaz de proporcionar una solución digna.

Daura y Yusuf caminan por un estrecho sendero que desemboca, más adelante, en el monte Gurugú, muy cerca de la ciudad marroquí de Nador y de la fronteriza Beni Enzar, frente a Melilla. En los alrededores hay rescoldos de fogatas, restos de ropa quemada y manidos utensilios de cocina, también calcinados, aunque estos han resistido mejor las llamas. Un fino riachuelo rodea el camino. En el agua, dentro de los pequeños charcos que se forman entre la vegetación y las piedras y que huelen a jabón, flotan camisetas, pantalones viejos y sujetadores rotos que alguien ha preferido no seguir lavando por considerarlos inservibles. “Yo llevo aquí cuatro meses. Me fui de Mali a Argelia y, después, de Argelia aquí”, dice el primero. “Yo también, igual. Desde que llegamos vivimos aquí, en el bosque, y queremos ir a España, pero no tenemos la forma”, responde el segundo. Ambos superan por poco la veintena y lucen un aspecto parecido: cansados, desaliñados, con ojos tristes y zapatos rotos. 

Daura Lamà y Yusuf Keita dicen que a ellos nadie se lo ha puesto fácil. Ni en Mali, su país de origen, del que huyeron por la pobreza derivada de los conflictos armados, ni tampoco en Marruecos. Los dos hablan sin reparos, atropelladamente, interrumpiéndose el uno al otro. 

–Tenemos muchos problemas aquí, -dice Daura. Y en seguida le corta Yusuf-. –Viene la policía y nos lo coge todo: el teléfono, el dinero… –Sí, todo. –La última vez lo cogieron todo y nos pegaron con un tronco. Había mucha gente a la que hirieron; en los tobillos, en los brazos… –Después -continúa Daura- cogieron nuestras mantas, nuestras almohadas y nuestra ropa y la quemaron. Incluso nuestra comida. Hicieron una hoguera y lo quemaron todo.

Sin saberlo, Daura y Yusuf se refieren a las FAM (Fuerzas Auxiliares Marroquíes), que tienen como principal objetivo impedir el paso a España de personas migrantes y que no dudan en emplear la violencia y la fuerza para conseguirlo. 

Mientras luchan por sobrevivir con lo mínimo (viven de la caridad, de las ayudas de algunas ONGs y de limosnas que invierten en comida y en pocas cosas más), planean también cómo atravesar la valla de Melilla. “Vamos a intentarlo. No sabemos cómo ni cuándo, pero lo intentaremos. Buscaremos un rincón cuando la policía no nos vea. Nos bloquean en la carretera, así que tendremos que buscar otra forma”, explica Yusuf. “La gente llora mucho aquí. Por la patria, por los hermanos muertos”. Daura vuelve a interrumpirle: “lo que pasa es que en la valla te atrapan los marroquíes. Hay por todas partes y te golpean hasta que… Hasta que lloras”, dice mirando a su amigo. Y ambos ríen. “Hay otra opción -prosigue Yusuf- también podemos atravesar la frontera por agua, aunque nosotros no tenemos dinero para eso. Algunas personas pagan por ello. Es lo más rápido, pero nosotros nos las arreglaremos aquí”.

Cuando acaban de contar sus penurias y sus planes para escapar de ellas, vuelven a tomar el sendero hacia terrenos más altos del Monte Gurugú, donde pasarán las noches venideras con frío y hambre rodeados de otros migrantes que comparten sus mismos sueños, que reciben las mismas palizas y que viven la misma pobreza.  

Más persecución, menos migración. “Hay como seis núcleos fuertes de migrantes en la montaña, todos alrededor de las casas que hay cerca, algunas incluso a menos de 200 metros. Son casitas de barrios locales y pobres, de zonas rurales, donde también viven algunos de ellos. Un marroquí puede meter hasta a seis personas en una habitación. Les puede cobrar, no sé, un euro al día más o menos. Viven allí porque es más fácil aprovisionarse de agua, pan…”  -explica Alberto Guerrero, jesuita residente en Nador, una de las antiguas joyas del colonialismo español, una ciudad de alrededor de 170.000 habitantes situada a unos 15 kilómetros de Melilla. “La policía lo sabe, lo castiga y esto hace que los migrantes tengan cada vez más miedo. Hace poco fuimos con mantas y nos dijeron que no las querían, que pesaban mucho y eran incómodas cuando debían correr para huir. Tienen que vivir escondidos; algunas veces hemos llevado medicinas y no hemos encontrado a nadie”, afirma. 

Alberto Guerrero, que se autodefine como un jesuita obrero, vive en Nador desde hace unos meses, aunque antes pasó por Nicaragua, México o Ecuador. Es el delegado del Centro de Formación Profesional Baraka, un centro para formar profesionalmente a jóvenes con pocos recursos de la ciudad, y también colabora con diferentes ONGs y organismos en la ayuda a las personas que aguardan en el Gurugú un momento propicio para mejorar sus vidas. “Antes los migrantes podían saltar la valla. Ahora, salvo excepciones, los echan para atrás en cuanto llegan. Hay veces que los agentes los meten en furgonetas y los llevan hasta la frontera con Argelia o los sueltan en el desierto. Es lo normal. Aquí, el trabajo de la policía es buscar a esta gente y detenerla”, explica. 

Las autoridades marroquíes, en los últimos tiempos, ha endurecido sus medidas contra los migrantes que luchan por llegar a Europa, sobretodo en las ciudades más cercanas a las fronteras. Ya en 2016, el informe Sin Protección en la Frontera Sur del Servicio Jesuita a Migrantes, advertía de que Marruecos, pese a haber firmado tratados internacionales como la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, o la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, seguía cometiendo vulneraciones de derechos humanos “lacerantes” en Nador, sobre todo entre la población subsahariana. 

Pero la situación no ha hecho más que empeorar. Hace solo unos meses, en febrero del 2019, coincidiendo con la visita del rey Felipe VI al país vecino (en la que recordó el compromiso de la Unión Europea a entregar 140 millones de euros para luchar contra la entrada ilegal de personas en Europa), la policía marroquí desalojó del monte Gurugú a 1.200 migrantes a los que dio “un destino desconocido”, según denunció la ONG Gardem. Y lo cierto es que, desde entonces, la migración a España ha descendido de manera notoria. 

En el 2017, como se desprende del informe Sacar del Laberinto 2018, del Servicio Jesuita a Migrantes, Melilla fue, tras la península y Baleares, el lugar que registró más entradas irregulares de la frontera sur española. La ciudad autónoma recibió 29 embarcaciones de migrantes con 681 personas y otras 4.231 atravesaron la frontera terrestre. Casi 5.000 personas entre ambas vías, más del doble que Ceuta, que recibió a 2.309 personas, y casi doce veces más que Canarias, con 425. En total, a España llegaron 28.572 migrantes ese año. Pocos si se comparan con los más de 60.000 que lo hicieron en 2018. Ambos años batieron el récord histórico de la década. 

Y 2019 parecía que iba a volver a hacerlo. Solo en enero cruzaron la frontera de manera ilegal 4.612 migrantes, según los datos del Ministerio del Interior. Esta cifra descendió de manera significativa en febrero hasta las 1.366 personas. Y ahora, los últimos datos de junio van en la misma línea. Por poner un ejemplo, el número de embarcaciones que han arribado a Melilla han descendido de manera más que notoria: de las 269 que lo hicieron en los primeros seis meses del 2018, a las 50 del mismo periodo en 2019.  Y por frontera terrestre el número ha decrecido en un 5%. “Todo ha cambiado mucho. Ahora hacen falta 3.000 euros para montarte en una barca y no todo el mundo tiene ese dinero. Lo que hacen muchos migrantes, sobretodo subsaharianos, es ir a Rabat o a otras grandes ciudades a trabajar en la construcción o aparcando coches si son hombres. Para las mujeres resulta mucho más duro. Se dan a la prostitución o se entregan a las mafias que trafican con ellas en España”, finaliza Guerrero.  

El CETI y Melilla, una incierta pesadilla. Enfrente, a escasos 20 metros, los primeros usuarios del día recorren el verde y cuidado campo de golf. Un poco más allá, la valla que separa Melilla y Marruecos luce brillante al sol y se pierde a ambos lados de la carretera. Y justo a la puerta del Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma española, alrededor de una decena de corrillos de gente dedican su mañana a diferentes cuestiones: unos simplemente charlan, otros se dirigen a la ciudad a diversos quehaceres y otros permanecen sentados, sin hablar, indiferentes. Son argelinos, marroquíes, sirios, malienses o burkineses. Todos migrantes. Casi todos a la espera de resolver una situación que a veces se alarga durante meses y meses. 

El CETI de Melilla tiene capacidad para 472 personas. En ciertas épocas, sin embargo, esta cifra ha resultado insuficiente. Actualmente residen en él alrededor de 700 personas; en otros años, como en octubre del 2015, se han rebasado las 1.400. Muchas de las personas que viven hoy allí han pasado antes por el Gurugú. Otras han efectuado largas travesías para llegar a territorio español: “Nosotros fuimos primero a Turquía, de allí pudimos volar a Mauritania, después Argelia, más tarde Marruecos y luego Melilla. Tardamos unos cinco meses en llegar desde Palestina”, explica Mohamed, un hombre de sesenta y cinco años, delgado y de bigote cano y prominente que huyó junto a su familia de las hostilidades de la ciudad de Gaza. Pero la llegada a Melilla, hace ahora unos días, no fue el final de su calvario. 

“Apunta el nombre de mis hijos -pide con seriedad mientras señala a los dos mayores y sujeta al pequeño- el mayor se llama Abdulla, tiene 17 años, aunque va a cumplir 18 pronto. El mediano, Nafez, tiene 16. Y este, Mohamed, solo tiene 11. No nos dejan estar juntos. Yo vivo en el CETI y a ellos los han metido en el Centro de Menores. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que nos separen si somos familia?”, se pregunta. Sus lamentos no se quedan ahí. “Esta zona es peligrosa, sobre todo por la noche. A mí ya me han robado. Hay muchas personas que lo hacen porque ni esta calle ni esa carretera – dice refiriéndose a los caminos colindantes - tienen luz aquí y para los ladrones es fácil esconderse. Esto no es un buen lugar para nadie”, afirma. 

Nadie que viva en el CETI habla bien de él. Ahmed (nombre ficticio), un marroquí que huyó de su país por su condición de homosexual y que espera impaciente a que se resuelva su petición de asilo, lo explica así: “solo tenemos agua en algunas horas del día. La comida no es buena. Hice un curso de formación en jardinería, pero no me dieron ni herramientas, ni un traje, ni nada. Vivimos muchas personas ahí dentro. Y encima, a nosotros, los homosexuales, nos insultan y nos acosan. Nada es bueno”. Otros residentes lamentan los escasos recursos sanitarios, y otros los pocos pasatiempos que encuentran. A unos y a otros les duele la indiferencia y la incertidumbre de no saber qué va ser de ellos mañana. Sí tienen claro que no quieren volver a la guerra, ni a la pobreza, ni a las palizas, ni al miedo.  

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