Mirar Tamara Cordero

Con el 'curro' patas arriba

A CORUÑA, 27/01/2021.- El mobiliario de la terraza de un bar amontonado en una de las esquinas de la plaza María Pita, con la sede del concello de A Coruña detrás, en una jornada en la que los ingresos en unidades de cuidados críticos en Galicia han establecido un nuevo tope desde el estallido de la pandemia, con 178 pacientes con covid-19, en una jornada en la que han entrado en vigor las nuevas medidas decretadas por la Xunta de Galicia para frenar el avance del coronavirus. Entre ellas, el cierre total de la hostelería, salvo bebidas y comida para llevar. EFE/ Cabalar
© Cabalar

Cáritas avisa del aumento de la vulnerabilidad de demasiadas familias. Las empresas se ahogan. El paro sube. La pandemia nos ha sumergido en la mayor crisis social, económica y sanitaria que se ha vivido desde la posguerra. Los expertos coinciden en que, junto a las ayudas urgentes, son necesarias medidas estructurales a medio y largo plazo. 

Más de 6500.000 personas viven hoy en hogares en los que no pueden hacer frente al gasto en suministros, y cerca de 42.000 familias se han visto obligadas a cambiar de residencia durante el desarrollo de la pandemia para poder seguir pagando los gastos. Las medidas de emergencia ante la COVID son insuficientes. El número de personas vulnerables en nuestro país sigue subiendo. Esta es la realidad que la crisis sanitaria ha reconvertido en crisis económica y social.
Cáritas constata el profundo impacto económico y personal de esta crisis sanitaria. 2020 se despidió con 3.719.800 parados, cerrando el peor año para el empleo desde la anterior crisis que vivimos en 2009. El paro subió 622.600 personas en el pasado año, cifra a la que habría que sumar los expedientes de regulación temporal de empleo ERTE y que alcanzan la cifra de 755.613 trabajadores en esta situación a final de año pasado.
El impacto de la crisis es sostenido. A la ya clásica precariedad basada en bajos ingresos, temporalidad y parcialidad indeseada, se suma ahora una elevada exposición al contagio y la fragilidad ante una eventual cuarentena. Lo confirma Francisco Lorenzo, director del área de Acción Social de Cáritas: “Aquellas personas vinculadas a empleos precarios se han visto especialmente afectadas por la pandemia. Algunas porque estos empleos son los primeros en desaparecer. También porque en los sectores más precarios es más difícil mantener todas las medidas de seguridad. Además, muchas personas que estaban participando en actividades formativas de cara a incoporarse a un puesto de trabajo han visto cómo estas se suspendían, mientras el mercado laboral se hacía cada vez más hermético”.
El tejido productivo español, sobre todo los autónomos y las pequeñas empresas, se encuentra al borde del abismo. Casi 48.000 empresas de un solo trabajador han desaparecido a causa de la COVID durante este 2020. Y el Banco de España alerta: el 40% de las empresas en nuestro país sufrirá una presión financiera peligrosa para su viabilidad como consecuencia de la crisis. Además, según sus previsiones, el 10% de las empresas españolas se verán obligadas a desaparecer. Una situación comprometedora que tampoco beneficia la creación de puestos de trabajo. Antonio Villafuerte, profesor en Santelmo Business School, avisa: “Lo peor está por llegar, cuando los ERTEse terminen y los préstamos ICO tengan que ser pagados… Cuando se pierde una empresa se pierde un músculo que no se recupera, y es muy poco solidario que en España no se hayan reducido impuestos a las pequeñas empresas y autónomos. Habría que ser más imaginativo porque en otros países se han bajado los impuestos. Los intereses del Gobierno, los intereses públicos y los intereses privados tienen que ponerse más en sintonía porque, ahora más que nunca, tenemos que dotar a la administración de una agilidad y flexibilidad que se torna vital para que los empresarios puedan seguir creando puestos de trabajo”. “Los profesionales están haciendo todo lo que pueden -continua Lorenzo- pero la acción de la Administración pública, tanto en la implementación de medidas de emergencia, como en lo que corresponde a la provisión de recursos, está resultando claramente insuficiente”.
Villafuerte afirma estar convencido de que “la empresa tiene una labor social grandísima de creación de riqueza, pero es necesario ayudar a los empresarios para que creen empleo, para hacer frente al cambio en el paradigma productivo de nuestro país”. Pero no solo los empresarios necesitan de una inyección monetaria para poder hacer frente a las consecuencias de la crisis de la COVID. También las familias en situación de alta vulnerabilidad necesitan urgentemente una solución para hacer frente a la vida diaria. Y las medidas de protección social también están siendo insuficientes. Un 40% de hogares que podían haber solicitado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no lo han hecho por falta de información. Y cerca del 70% de los solicitantes de esta medida de emergencia aún están a la espera de una respuesta. “Las carencias y especialmente los retrasos, en el IMV, están teniendo consecuencias dramáticas para muchas familias”, afirma Lorenzo. Además, solo el 1% de las trabajadoras del hogar, grandes afectadas por la pandemia, han cobrado el subsidio para Empleadas Domésticas.
más del 60% de hogares atendidos por Cáritas están en situación de cierto apagón tecnológico: conexión, dispositivos o competencias para manejarse por Internet. La brecha digital ha adquirido ya una importancia central a la hora de hablar de la inclusión social. “El ámbito digital y tecnológico es ya una realidad consolidada para muchas personas y para la gran cantidad de procesos en nuestra sociedad. Pero, ni todas las personas tienen acceso a los recursos económicos necesarios, ni tampoco tienen las herramientas técnicas y culturales para su uso cotidiano”, precisa Lorenzo. Por ejemplo, para quien no tienen hábito en el uso de las tecnologías, una entrevista de trabajo online o el comenzar a trabajar desde casa, supone una barrera más, añadida a las ya existentes. “El teletrabajo ha llegado para quedarse y hay que asumir esta nueva etapa. Hay que desarrollar nuevas competencias y capacidades, tanto por parte de la empresa como del trabajador”, añade Villafuerte. Y el 33% de los hogares han perdido alguna oportunidad en el ámbito de la formación con motivo de la brecha digital.
Además, no se trata solo de un problema que viven los adultos. El 60% de los menores tuvo dificultad para terminar el curso escolar: “en el caso de los niños ocurre algo parecido: las clases online no solo implican la necesidad de un ordenador y una buena conexión a Internet, sino la capacidad de los padres de dedicar el tiempo suficiente y el saber manejar las herramientas adecuadas para apoyar a sus hijos -apunta Lorenzo-. De alguna forma, el ámbito digital es un espacio en el que se abren nuevas oportunidades para muchas personas, pero para otras es un terreno de juego enfangado en el que aparecen multitud de obstáculos a superar”.
Más de la mitad de los hogares acompañados por Cáritas están en situación de pobreza severa, con unos ingresos inferiores a 370 euros al mes para una familia unipersonal o de 776 euros al mes para una familia de dos adultos y dos niños. Esta situación es insostenible y deriva en la dificultad de sostener la vivienda y los consumos necesarios.
“Si entendemos la vivienda únicamente como un bien regulado por la oferta y la demanda, estará siempre sometido al riesgo de especulación. Si comprendemos que es un derecho fundamental, sin el cual resulta casi imposible garantizar un nivel mínimo de bienestar y de desarrollo de las capacidades de cualquier ser humano, entenderemos que la Administración Pública, como garante efectivo de los derechos, debe poner en marcha medidas concretas en este sentido”, afirma Lorenzo.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Transición Ecológica, en España, siete de cada cien españoles no tienen dinero para poder encender la calefacción durante los meses más fríos y seis de cada cien, pagan también con retraso la factura de la luz. En total, diez de cada cien hogares en España sufrían pobreza energética en el año 2019. Y se intuye que esta cifra habrá aumentado, por desgracia, en el pasado año.
La pobreza energética es la situación en la que un hogar es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos para pagar la factura de la luz o del gas. Esta es la situación de Juana Martínez. Con 77 años, recibe 450 euros al mes de una ayuda estatal con la que tiene que hacer frente a todos los pagos domésticos. Vive sola y no tiene familia. A la soledad, a la que confiesa que nunca se acostumbrará, se suma la necesidad de ayuda externa para poder hacer frente a su situación económica. “Nunca se puede pensar en el mañana, solo en el día siguiente”, cuenta. Vive en un piso de alquiler social, pagando una cuota reducida desde hace dos años. A esto hay que sumarle los gastos de la comunidad de vecinos, que no puede afrontar. Hace poco le concedieron un bono social para hacer frente a los pagos de electricidad y de agua. Sin embargo, el gas natural no se puede bonificar. Y viviendo en una ciudad fría, como es Madrid, la factura de la calefacción es muy alta para poder pagarla. No tiene Internet en casa ni puede gestionar los diferentes trámites digitales que solicita la Administración. Y su gasto en farmacia asciende a más de 100 euros mensuales, sin contar las medicinas bonificadas por la Comunidad de Madrid. Los pañales, los empapadores, las gotas para los ojos, las medicinas para la prótesis dental, pastillas para hacer frente a su intolerancia alimenticia o las mascarillas no están cubiertas por la Seguridad Social. Es imposible encarar los gastos diarios. Juana cuenta con la ayuda económica y social de Cáritas Madrid y también con la ayuda personal de Cruz Roja. Su movilidad es reducida, ha superado varios cánceres y ha vivido, a lo largo de muchos años, una historia personal y familiar muy complicada.
“En el contexto actual es importante poner en marcha medidas de emergencia que garanticen la cobertura de necesidades básicas. Son muchas las personas que han perdido su empleo o que han visto reducido su nivel de ingresos. Casi un tercio de las personas que han acudido a Cáritas en los primeros seis meses de la pandemia, nunca antes habían tenido que acudir a nuestros centros”, afirma Lorenzo.
Una realidad difícil que no parece vaya a mejorar por el momento. Las restricciones sociales se siguen aplicando para paliar los efectos de la pandemia; pero ciudadanos y empresarios se encuentran ya al borde de su último aliento. En esta situación de emergencia es imprescindible que el Estado dedique espacio, tiempo y recursos personales y económicos a reducir los efectos de la crisis en la que ya estamos inmersos. Porque si algo ha puesto esta crisis de manifiesto es que todos somos importantes, necesitamos unos de otros para seguir viviendo.
¿Cómo salir de esta? La respuesta va a depender del análisis que hagamos de lo sucedido. Si interpretamos esta situación como una crisis aislada, trataremos de paliar los efectos. Ahora bien, como confirma Lorenzo, “si somos capaces de ir más allá y ver la relación que tienen los efectos de la pandemia con nuestro modelo de sociedad, estaremos preparados para poner en marcha soluciones orientadas a medio y largo plazo”.
La precariedad de nuestro mercado laboral, la dificultad histórica de reducir la tasa de paro por debajo del 10%, el precio de la vivienda, la insuficiente protección de la familia a través de políticas públicas específicas… no son problemas como consecuencia de la COVID. “Estos problemas -termina Lorenzo- configuran una realidad de fragilidad que, ante la llegada de una crisis, salta por los aires de forma abrupta”.

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