Mirar María José Carmona

Un campo de refugiados (aquí al lado)

Cientos de personas malviven en chabolas desde hace 21 años en Huelva. Nadie quiere los asentamientos, pero tampoco nadie ha conseguido erradicarlos hasta ahora.

Por fuera hay toneladas de cuerdas sobre plástico, plástico sobre cartón, cartón sobre palé, formando extrañas arquitecturas rectangulares, como enormes embalajes muy prensados. El aspecto sólido de un búnker, la fragilidad del papel. Por dentro -nadie lo diría-, resulta acogedor. Todo está cubierto por mantas gruesas, sábanas desparejadas, remiendos de todo tipo hasta donde alcanza la vista -el techo, el suelo, las paredes-, suavizando los límites de un espacio pequeño y mullido, como un nido.
Aquí vive gente. Viven meses, años enteros dentro de estos paquetes a escala humana donde nada es cómodo porque no hay luz, ni agua, ni aseos, ni alcantarillado, ni manera higiénica de conservar la comida. Porque, tal y como dijo un relator de la ONU, este lugar es lo más parecido a un campo de refugiados. Un campo de refugiados sin guerra.
Los asentamientos chabolistas de Huelva empezaron a construirse hace más de veinte años, a medida que los empresarios agrícolas descubrían el potencial del oro rojo -la fresa- y a falta de mano de obra local, empezaron a demandar otras manos que llegaban desde Polonia, Rumanía, Marruecos, Mali, Senegal.
Fue entonces cuando se cometió el error. No se pensó que pegados a esas manos había cuerpos que a su vez necesitaban un lugar donde vivir. No se preparó nada y los cuerpos se buscaron la vida. Alejados de los núcleos urbanos, orillados en los márgenes de plantaciones y carreteras, nacieron los asentamientos que hoy suman una veintena entre Lepe, Moguer y Palos de la Frontera.
En ellos vive, por ejemplo, Sandra, de Nigeria, con su casa-nido donde apenas cabe una butaca y un colchón o Jadiya, de Marruecos, que comparte con su hijo una habitación apuntalada con maderos, donde la comida se guarda en alto por los ratones y a la caída de la tarde siempre pone una olla a cocer. ¿Para cocinar? No -responde Jadiya-, para la ducha.
A nadie le gusta este lugar. Ni a los vecinos, ni a los políticos, ni a los compradores de fresas británicos que hace unos años se escandalizaron al ver las chabolas por televisión. Ni por supuesto les gusta a quienes lo habitan. “¿Quién quiere vivir así? Si aquí la gente muere”, dicen, y cuando dicen morir no es una forma de hablar, no es morirse de frío –que también–, se refieren a morir de verdad, como murió el 14 de diciembre de 2019 Toufik Alasal, de 23 años, tras incendiarse su asentamiento en Palos de la Frontera. Porque aquí los fuegos –accidentales o no– son perpetuos, es lo que pasa cuando cocinas con bombona de butano en una casa inflamable.
“Yo me he construido más de veinte chabolas, todas se han quemado, la última este verano. El fuego me despertó a las cuatro de la mañana”, cuenta Sandra, quien pide por favor que no le tomemos fotos ni a su chabola ni a ella, ni siquiera por la espalda. Dice que si alguien de su familia reconociese un solo centímetro de su cuello y supiera dónde vive se pondría muy triste. Sandra no quiere los asentamientos. Nadie los quiere.
La ‘infra’ vida. Dos de cada diez habitantes de Lepe nació en un país extranjero. En total suman 63 nacionalidades. La mayoría vive como la Constitución dice que hay que vivir, en una vivienda digna, pero hay unos 500 que no.
Justo enfrente del estadio de fútbol “Ciudad de Lepe”, Yalo no tiene vergüenza en posar para la cámara. “Quiero que la gente vea cómo vivimos aquí”, explica. Llegó hace dos años de Senegal porque unos amigos le dijeron que había trabajo. Ahora acaba de terminar la campaña de la naranja, en unos días marchará a Jaén para la aceituna, volverá justo a tiempo para los frutos rojos. Todo esto sin contrato, porque no tiene documentación.
Yalo tiene una doble vida. De ocho de la mañana a seis de la tarde –su horario laboral– está la vida normalizada, de seis en adelante empieza la vida en la infravivienda, la ‘infra’ vida. Su “casa” son seis metros cuadrados de puro cartón. Un elaborado sistema a base de tornillos y adhesivo negro mantiene en equilibrio las cuatro paredes. Dentro, lo tiene todo literalmente a mano: la cama, la ropa, la bicicleta, el hornillo, la bombona, varios táper con arroz y galletas -lo poco que uno puede conservar en una casa sin nevera-. También están los bidones de plástico con los que va a recoger agua.
“Tú llegas a casa después del trabajo y luego te duchas y te haces la comida tranquilamente, pero en la chabola la gente viene del trabajo y tiene que ir a buscar agua y después a buscar comida. No te da tiempo ni a descansar”, denuncia Lamine Diakité, portavoz de la Asociación de Trabajadores Africanos de Lepe. No dormir bien -ellos, que son el motor económico de Huelva-, solo es una de las razones por las que piden una solución definitiva a este problema que viene enquistándose desde el mismo día en que nació.
Como explica Luciano Gómez, secretario de UGT en Huelva, “el sector agrario vivió un crecimiento muy rápido y fue difícil manejarlo. La falta de alojamiento hizo que la situación colapsase casi desde el principio”. Por un lado, las administraciones no pusieron albergues a disposición de los trabajadores, por otro los empresarios solo estaban obligados a dar alojamiento a quienes ya venían con un contrato firmado desde su país, pero no a los que contrataban aquí. “Se pensaba que lo de los asentamientos iba a ser algo provisional”, añade Gómez, “pero se cronificó”.
Luego estaba el tema del alquiler. Según datos de una encuesta que hizo en 2017 la ONG Fecons, el 94% de las personas que viven en las chabolas de Lepe desearía alquilar una vivienda y el 40% estaría dispuesto a pagar entre 70 y 150 euros al mes por una habitación. La cuestión es que no se las alquilan.
“La gente no quiere porque tiene muchos miedos y prejuicios”, reconoce Raquel Muiño, responsable de comunicación en Fecons. Miedo a que no puedan pagar, a que no mantengan la limpieza. “Lo más triste es que hay muchísimas viviendas cerradas en Lepe, más de 500”, asegura Muiño, y los números casan tan bien que parece una broma de mal gusto: 500 personas viviendo en chabolas en un pueblo con 500 casas vacías.
Veinte años de promesas. Los prejuicios se desmontan, pero necesitan tiempo. Bien lo sabe Saray Martín, coordinadora del programa Lepe Hábitat, una iniciativa de Fecons para ayudar a quienes viven en chabolas a encontrar un alquiler. Ellos intermedian con los propietarios de viviendas vacías y se comprometen a ser aval de los nuevos inquilinos. Garantizan que el alquiler se pague, que la limpieza se mantenga “Hacemos un contrato de dos años y luego si al dueño le ha ido bien, la casa está mantenida y los pagos se están haciendo, Fecons se va y pueden seguir la relación ellos solos”, cuenta Martín. En tres años Fecons ha conseguido alquilar 15 viviendas –seis en Lepe, el resto en pueblos de la zona–. No parece mucho pero tampoco es sencillo. Primero, porque muchas casas pertenecen a bancos y luego porque los prejuicios se desmontan, pero hay que trabajarlos. “Nosotras salimos a buscar vivienda todos los días, mirando carteles, llamando. Necesitamos que la gente vea que esto funciona, que las casas están cuidadas, que son personas responsables y trabajadoras. Esto funciona, cuesta mucho, pero funciona”.
En realidad, Lepe Hábitat formaba parte de una estrategia más amplia. La llamada Agenda 2020 que el Ayuntamiento de Lepe y Fecons presentaron en 2017 y que incluía otras medidas como poner en marcha una infraestructura de alojamiento temporal o involucrar a empresarios, bancos, ayuntamientos de la zona, administraciones como la Junta de Andalucía y el Gobierno central. El objetivo era erradicar el chabolismo en tres años. En vista de lo evidente, no funcionó.
“Siendo muy objetiva diría que se ha avanzado muy poco y que se ha retrocedido mucho”, admite Mónica Montaño, socióloga y redactora de la Agenda 2020. “La agenda nace con la condición de un compromiso real del Ayuntamiento que luego no ha sido tan claro. Han dilatado todo el proceso y lo que han hecho es que se crispe la población. Llevamos tres años perdidos”. Que la promesa de erradicar el chabolismo en Huelva acabe en un camino ciego es algo tristemente habitual. Ya en 2014 se firmó en el Parlamento Andaluz el primer pacto para acabar con el chabolismo y en 2019 se volvió a refrendar. A nadie le gustan las chabolas pero ahí siguen, 21 años después. Tiempo suficiente para haber construido otro Monasterio del Escorial.
“No hay voluntad política, todo el mundo sabe que hay una situación vergonzante para Huelva pero al final nadie lo asume”, critica Carmen Vázquez de la ONG APDHA.
Ese bloqueo explica el fracaso de algunos proyectos como el albergue municipal que empezó a construirse en Lepe en 2006 y que en 2011 se paralizó cuando solo faltaba un 20% para estar listo. Hoy es un edificio abandonado, donde la gente al final se ha colado a vivir.
Ahora el Gobierno de Lepe ha presentado un nuevo plan, aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos. En su título vuelve a prometer “la erradicación del chabolismo” y propone construir un alojamiento a unos 2,5 kilómetros del pueblo, distribuido en módulos para 500 personas. Eso sí –y en ello insisten mucho–no será indefinido ni gratuito. “Estableceremos un plazo que puede ser de tres años hasta que puedan alquilar sus propias viviendas”, cuenta el teniente de alcalde, Jesús Toronjo.
La idea es que este alojamiento sea el primero de una red que se reparta por el resto de municipios agrícolas. Además, se quiere implicar a los empresarios. “La iniciativa privada tiene que dar respuesta a esta situación”, apunta Toronjo, “hay que fomentar un cambio en la manera de pensar, no se busca alojamiento al inmigrante por pena, sino por propio interés del agricultor que lo necesita”.
El plan está presupuestado entre 600 mil y un millón de euros, ahora solo necesitan que el resto de administraciones responda, sobre todo en lo económico. El Ayuntamiento de Lepe pide “corresponsabilidad” y si no… “entendemos que no seguiremos”, advierte el teniente de alcalde. “Un Ayuntamiento solo no puede hacer frente a esta situación”.
Más que mano de obra. A quienes habitan los asentamientos el nuevo plan les suena igual que los anteriores, a música de ascensor, algo diseñado para rellenar el silencio. Ellos no se lo creen y tampoco están del todo de acuerdo, en especial con la idea de vivir en las fincas, apartados a kilómetros de los demás. “No queremos estar en jaulas como gallinas, si vives en el campo no te integras. Somos personas, no animales que usas y luego tienes que guardar. Nosotros queremos alquilar, pagando”, asegura Lamine Diakite. Además, también quieren que se regularice a compañeros como Yalo, que aunque hoy trabajan igual que el resto, lo hacen sin papeles. Y sin papeles es imposible alquilar.
“Formamos parte de esta sociedad, nos necesitan y nosotros a ellos”, insiste Seydou Diop, portavoz de Asnuci. Esta asociación ha dedicado el 2020 a construir su propio albergue. “Llevamos muchos años corriendo detrás de las autoridades y ya no vamos a esperar más”, explican. Invirtieron diez mil euros y recaudaron, de donaciones solidarias, 78.000 más. Con ese dinero han puesto en pie –y en menos de un año– un alojamiento de 300 metros y 40 plazas que a partir de ahora se autogestionará con las aportaciones de los usuarios.
Lo ocuparán primero quienes más lo necesiten. Es el caso de Ibra Niang, un chico senegalés con 33 años y una discapacidad en ambas piernas que le dificulta trabajar. “Por la noche en la chabola paso mucho frio y me duelen muchísimo los huesos”, cuenta. Desde que llegó a Lepe se dedica a pintar, lo hace en el diminuto espacio que le queda junto al colchón.
“La gente piensa que en África vivimos así, pero no es cierto. Ni en el pueblo más pobre de África me he encontrado esto, lo he encontrado en Europa”, lamenta Diop, con una mezcla de frustración y rabia. Durante mucho tiempo han estado callados, han sido simples manos que trabajan, manos sin derechos, pero ya no. Sobre todo, después de comprobar cómo, incluso en una pandemia, se les ha negado un techo digno.
En julio de 2020 -y tras dos nuevos incendios ocurridos en menos de una semana- varios de ellos acamparon como protesta ante el Ayuntamiento. Aquello no gustó ni a los políticos ni a muchos vecinos. “No es justo. ¿Por qué no lo hacen delante de la delegación de la Junta o la subdelegación del Gobierno? Nos han tildado de racistas y eso nos ha dolido mucho”, denuncia el teniente de alcalde. Diop responde: “Nosotros no tenemos problema con ellos, pero tampoco podemos callar”.
21 años es mucho tiempo, demasiado. La única forma de acabar con los asentamientos es buscarles una alternativa y, de momento, son las que son: el programa de Lepe Hábitat, que ya tiene una lista de espera de 200 inquilinos, el albergue de Asnuci, el nuevo plan del Ayuntamiento –de momento, solo escrito en un papel–. “No es tanto cuestión de dinero”, insiste la socióloga Mónica Montaño, “sino de voluntad”.

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